(E)lecciones legislativas

Pablo Valderrama, 29-01-2018

Probablemente la visita del Papa Francisco y la designación del gabinete del Presidente electo han impedido realizar un juicio crítico sobre los efectos de la modificación del sistema binominal, puesto en práctica por primera vez en las pasadas elecciones de noviembre. Pero es importante reflexionar sobre las consecuencias políticas de un cambio como éste y, con eso a la vista, intentar anticiparse a algunos hechos.

Febrero será inevitablemente un mes para canalizar las experiencias pasadas, tiempo en el que nuestros representantes, especialmente aquellos que con su voto modificaron el sistema electoral, deberán preguntarse si dicho cambio valió la pena y si, eventualmente, generó los efectos esperados: darle mayor representatividad a una institución que no es precisamente depositaria de la confianza de la ciudadanía.

Para comenzar, entendemos que un sistema proporcional ―a diferencia del binominal― tiene por objetivo que las fuerzas políticas que posean cierta consistencia y que representan una porción de la realidad del país, tengan su expresión equivalente en el Congreso Nacional; es decir, pone el acento en la representatividad de éste, con el fin de robustecer nuestra democracia. Sin embargo, ¿bastó con haberse “liberado” del esquema binominal para que el Congreso diera cabida a mayores grados de representación? ¿Era ése el único cambio que necesitaba nuestra democracia? ¿Tiene el Congreso como única función la de representar?

Por de pronto, la irrupción parlamentaria maciza del Frente Amplio movió la lógica de las mitades por la de los tercios, obligando al gobierno –de ahora en adelante– a entenderse no sólo con una fuerza opositora, sino con dos. Bajo ese prisma, sí aumentó la representatividad.

Luego, ¿logró este sistema complementar el almuerzo familiar del día de las elecciones con una asistencia masiva a las urnas, permitiendo, en consecuencia, que las autoridades electas fuesen efectivamente representativas de las almas políticas del país? A pesar de experimentar un aumento en la participación, sigue siendo baja –menos del 50% del padrón– e impide, desde este punto, afirmar que el nuevo Congreso es mucho más representativo que el anterior (¿dónde estás voto obligatorio?). Por último, ¿permitió la nueva conformación de mega-distritos que la competencia por un escaño fuese accesible a más personas y no sólo aquellos que pudiesen desplegar mayores recursos? La respuesta parece más bien evidente.

Probablemente este sistema proporcional nos dirá que esperábamos más que lo que él puede dar, y que el problema de nuestra democracia pareciera ser mucho más complejo y profundo que la sola representatividad. En consecuencia, es fácil caer en la tentación de pensar que un aumento de los asientos en el Congreso solucionará gran parte del malestar que experimentamos como sociedad frente a los legisladores.

Por lo dicho, es bastante miope vincular a la democracia sólo a la necesidad de representación –que incluso este nuevo sistema no pareciera haber logrado–; más bien debiésemos abordar otras aristas del problema. Pensar en participación, gobernabilidad, transparencia y legitimidad, nos obliga a pensar en cambios más profundos a nuestro sistema político, pues éste no se agota en lo electoral.

En participación urge volver al voto obligatorio y abrir las puertas del Congreso a la ciudadanía, para que ésta pueda comprender con mayor facilidad de qué se trata la labor legislativa (permitir, por ejemplo, a alumnos universitarios realizar prácticas profesionales podría ayudar a eso). Es indispensable explorar mecanismos que permitan llegar a acuerdos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y así darle mayor gobernabilidad al sistema. Es incomprensible, por ejemplo, que no existan sistemas de evaluación de desempeño para los legisladores, quienes no están sujetos a efectivos instrumentos de control. Por último, tampoco se entiende que aún no exista un límite a la reelección indefinida, o que no se disminuya la dieta parlamentaria. Ambos aspectos son imperativos morales en estos tiempos.

El desafío que pesa sobre las autoridades electas las obliga a pensar en cambios sustantivos que vayan más allá de lo cosmético y comprometan su vocación política con la construcción de instituciones que velen por cumplir todas las funciones, y no sólo algunas, que les son más propias. En cuatro años más veremos si aprendimos la lección.

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