Mismo problema, otra cara

2 de marzo – Antonio Correa – Carta al Director

Dentro de pocos días, Valparaíso será testigo de una nueva etapa en nuestra democracia. La llegada de diputados y senadores elegidos bajo un sistema proporcional, que vino a reemplazar al criticado binominal será, probablemente, uno de los hitos más llamativos del último tiempo.

La principal crítica que inspiró el cambio, fue aquella que consideraba el binominal como uno de los candados heredados de la dictadura, cuyo reemplazo sería, en consecuencia, necesario para “liberarnos” de un aparente corsé político que estaba eclosionando la representación y la legitimidad del sistema en su conjunto.

Sin embargo, como ha de intuirse, no existen sistemas electorales ideales. Por una parte, la expectativa de que el sistema proporcional mejoraría la participación política ―y no sólo la representación―, se mostró equivocada. Los resultados de las últimas elecciones parlamentarias muestran que, si bien el nivel de abstención descendió desde un 48% a un 47%, este cambio no es significativo. Por eso, más allá de las expectativas, lo que realmente ocurre en los procesos de reforma electoral es que se sustituye una solución o instrumento con efectos cuestionables ―como ocurría con el sistema binominal―, por otra con efectos menos cuestionables.

En el caso chileno, el propósito fundamental de los creadores del nuevo sistema fue el de corregir los defectos de representación ―tal como lo señala el mensaje del proyecto―, olvidando en el intertanto que la salud de una democracia depende, además, de otros factores.

Así, la representatividad no es la única función que debe resguardar un sistema electoral. La realidad política es compleja e implica compatibilizar diversos objetivos políticos, tales como gobernabilidad, transparencia y legitimidad, que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de un sistema generando una suerte de compensación entre ellos, ya que si privilegio alguno, termino desfavoreciendo otro. Por ejemplo, en el caso del sistema binominal, se privilegiaba la gobernabilidad ―cuyo éxito es notorio y empíricamente probado―, pero a costa de la representación, todo lo cual terminó por afectar la legitimidad del sistema (o ser la excusa perfecta). El sistema proporcional inclusivo, por el contrario, valora la representación, pero merma en gobernabilidad. Ante esta realidad, ¿estamos frente a un avance o un retroceso para nuestro sistema político?

Recién lo sabremos durante el curso de este año, pero no caben dudas de que junto a la flexibilidad dada por la diversidad, se debe fomentar una sana gobernabilidad que permita ejercer de manera eficiente y efectiva la función de legislar, fiscalizar y controlar ―funciones atribuidas a los parlamentos modernos―. Algunos ejemplos interesantes a evaluar sería la barrera del 5% como requisito mínimo para ser electo; dotar de atribuciones a la Biblioteca del Congreso Nacional, para que evalúe técnicamente los proyectos de ley, junto con realizar un seguimiento de la las leyes vigentes y su respectiva implementación; o bien, establecer mecanismos de eficiencia en el tiempo utilizado en la tramitación de los proyectos de ley.

Para que un cambio de la envergadura del proporcional sea efectivamente un aporte a la democracia requiere ser complementado con políticas que comprendan la integralidad del problema. Lamentablemente, pareciera que éste no fue el caso y que el problema persistirá, pero con otra cara.

By |2018-08-28T15:12:01+00:002 Marzo, 2018|IP en los Medios|0 Comments