Hay afirmaciones que no resisten el menor contraste con la realidad. Que la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, diga que Cuba no es una dictadura, sino un sistema democrático “diferente”, es una de ellas. Es cierto: Cuba es “diferente”. Tan diferente que se parece demasiado a una dictadura.

Lo que comenzó en 1959 como una revuelta contra la dictadura de Batista, derivó rápidamente en la instauración de un poder absoluto, centralizado, sostenido en la represión y en la exclusión sistemática de toda voz que no se pliegue a la línea oficial. Bajo el ropaje de la legalidad revolucionaria, la Constitución cubana establece que el Partido Comunista es “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. No se trata de una formulación simbólica: todo en Cuba —la política, la cultura, la educación, incluso la vida cotidiana— queda subordinado al control del partido. No hay oposición legal, ni prensa libre, ni espacio para asociaciones autónomas. Lo que existe es vigilancia, represión y cárcel para quien cuestione. Diferente, sin duda.

No hablamos de un modelo democrático alternativo, sino de un régimen inspirado directamente en el constitucionalismo soviético del siglo XX, particularmente en la constitución estalinista de 1936. Un diseño institucional concebido para restringir, no para garantizar derechos ni libertades.

En Cuba hay elecciones, sí. ¿Elecciones libres? No. No hay competencia real ni garantías mínimas. No hay candidatos opositores, ni libertad de asociación, ni garantías para expresar opiniones críticas sin represalias. Los medios independientes son ilegales y criticar al régimen —o a un funcionario público— puede traducirse en años de prisión. Incluso publicar en redes sociales algo que el Estado considere “falso” o “afecte el prestigio del país” es penalizado.

Durante décadas, los Comités de Defensa de la Revolución han funcionado como dispositivos de control barrial: registran, informan y sancionan. Las categorías de “conducta antisocial” o “peligrosidad predelictiva” permiten encarcelar a cualquier persona que resulte sospechosa. Numerosos periodistas, activistas y opositores están impedidos de salir del país, o han sido forzados al exilio bajo amenaza de prisión. La represión no es un accidente, ni un exceso: es su engranaje central.

Cuba no es una democracia “diferente”. Es una dictadura con retórica revolucionaria, caudillismo institucionalizado y un sistema panóptico que aplasta toda disidencia. Lo verdaderamente diferente sería que la izquierda dejara de romantizarlo.

Emilia García es directora de estudios de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 14 de abril