Estamos a días de comenzar el mes que podría marcar el punto de inflexión en la frágil relación entre la ciudadanía y el proceso constitucional en curso. En junio se llevarán a cabo todos los mecanismos de participación ciudadana del proceso, conducidos por la Secretaría de Participación Ciudadana (PUC y UCh). Si este trabajo se hace bien, puede erigirse como el gatillante crucial para dotar de popularidad a un proceso que nació marcado por la desafección, pero que está aún a tiempo de recuperarse, y que, como me explayaré, depende fundamentalmente de los consejeros constitucionales.
La ciudadanía ve con distancia la discusión constitucional, desazón comprensible luego de las frustradas expectativas que generó la Convención. Por un lado, las personas vieron que la propuesta les generaba más inseguridades que certezas frente a sus problemas. Si consideramos que en muchos indicadores estamos peor que en 2021, es entendible que muchos prefieran el parche antes que la herida. Por otro lado, tampoco vieron como propio el texto propuesto, en parte porque hubo un descarte y ninguneo a los procesos de participación y propuestas que venían de la propia ciudadanía: el proceso participativo fue muy deficitario.
Relacionado con lo último, el gran desafío que tenemos hoy es conectar a las personas con el texto. Por mucho que sea uno bueno, sobrio y transversal, si no lo sienten como propio, un nuevo descarte es posible. Para lograr esto, el proceso participativo formal tiene una importancia crucial, y se ve más prometedor que el anterior: una organización clara, mejor planificación y diferentes mecanismos de participación. Y aunque el peso sobre sus hombros es enorme, la carga no la tienen ni las universidades responsables, ni mucho menos la ciudadanía. La responsabilidad la tienen los consejeros constitucionales recién electos.
Son ellos quienes —mediando desde sus idearios y biografías— deben ser capaces de acoger seriamente el sentir ciudadano, que ha dado muestras invariables de que quiere cambios, pero con continuidad; de darse el tiempo de leer y escuchar los resultados de los mecanismos de participación; y de comunicar públicamente cómo y cuándo las solicitudes ciudadanas fueron tratadas formalmente, aunque las rechacen.
Las encuestas indican que la opción «En Contra» (la nueva modalidad del «Rechazo» del plebiscito de diciembre) estaría ganando, incluso antes de conocer el Anteproyecto de la Comisión Experta. Para dar vuelta el tablero —además de un buen texto y de la altura de miras que muestren los consejeros constitucionales— la percepción de un trato correcto y serio de los constituyentes hacia la ciudadanía que participa, puede darle la adhesión y sentido de pertenencia necesarios al proceso constitucional chileno para que su aprobación sea similar a las ganas que tenemos todos de que esta discusión termine, y termine bien.
Cristián Stewart, director ejecutivo IdeaPaís, publicada por el medio La Segunda en la edición 25/05/2023