En Chile, más de medio millón de personas se encuentra en situación de dependencia funcional. Si además estimamos que por cada persona dependiente existe un tercero que le asiste para la realización de sus actividades básicas, el universo de personas vinculadas al mundo de cuidados asciende a más de un millón. La atención a este tema adquiere aún más relevancia cuando, de acuerdo a proyecciones de la Dipres, se estima que de mantenerse el acelerado envejecimiento poblacional el número de dependientes y cuidadores en Chile debiera duplicarse para el año 2045.
Frente a esta realidad, preocupa que la oferta pública vigente en la materia no sea lo suficientemente robusta y efectiva. Conforme al estudio realizado por IdeaPaís, es posible observar amplias deficiencias en términos de cobertura y apoyo efectivo a las familias que se explican principalmente por una acotada asignación de recursos y un diseño extremadamente focalizado de los programas.
Asimismo, aún existen desafíos en lo que respecta al apoyo integral a personas cuidadoras. Llegado a este punto, es ineludible atender la relevancia de la familia. Y es que en el mundo de los cuidados la familia –entendida como el núcleo fundamental de nuestra sociedad– cumple un rol protagónico e insustituible. Basta con constatar que más del 80% de personas en situación de dependencia recibe cuidados por integrantes del mismo hogar (Casen, 2017). Asimismo, de acuerdo al estudio realizado por la Universidad de los Andes, el 62% de los chilenos considera que es la familia quien debe responsabilizarse de acompañar y cuidar a los adultos mayores que requieran de cuidados.
Asistir y apoyar a las familias se vuelve, entonces, una responsabilidad social insoslayable, más aún cuando la realidad del mundo de los cuidados suele vincularse a situaciones de inequidad y vulnerabilidad. De los datos que arroja la encuesta Casen, se desprenden algunos desafíos que deben ser abordados de forma eficiente y oportuna, como son la mayor presencia de personas dependientes en hogares carentes de recursos, así como la sobrerrepresentación de mujeres en las labores de cuidado y la alta tasa de informalidad entre cuidadores. Urge, por lo tanto, fortalecer mecanismos de asistencia para familias que cuentan con integrantes que ejercen como cuidadores, buscando brindar mayores oportunidades de descanso, acompañar y capacitar en el proceso, o bien, mitigar el exceso de costos de oportunidad ya sea en tiempo o recursos.
Sin duda, mejorar la manera en que el Estado asiste y apoya a las familias que cuidan de sus integrantes es un desafío titánico. Sin embargo, hacer frente a la denominada “crisis de los cuidados” demanda la participación e involucramiento, no solo del Estado, sino de todos los actores de la sociedad. En ese sentido, incorporar el cuidado como un derecho social en nuestra Constitución, que reconozca el rol de la familia y sus necesidades (como propone la Iniciativa Popular de Norma N° 6.091), así como transitar hacia un Sistema Nacional de Cuidados que se traduzca en un mayor sentido de corresponsabilidad social y un entendimiento integral del problema puede representar una oportunidad para abordar una realidad que nos debiese interpelar a todos.
Juan Pablo Lira, Investigador de IdeaPaís, columna publicada por medio La Tercera en la edición 12 de julio.