Cuando falla el Estado, las consecuencias son costosas, profundas y prolongadas. Se afecta a la sociedad en su conjunto, se producen quiebres de confianza con la institucionalidad e inequidad. Y los costos se los llevan justos y pecadores. La deuda histórica con los profesores es un buen ejemplo de ello.
El origen del problema: durante la implementación de la municipalización de las escuelas en la década del ‘80, a aquellos profesores que fueron traspasados a los municipios no se les reajustaron sus salarios conforme al aumento salarial establecido. El gobierno central alegó que correspondía hacerlo a los municipios; quienes alegaron a su vez que no tenían los recursos ¿de quién era la responsabilidad? de Fuenteovejuna.
Nueve gobiernos no han logrado resolver el problema. Aún no hay claridad ni consenso de quiénes son los profesores afectados, si acaso los herederos de los fallecidos pueden reclamar su derecho, o si el pago debe hacerse con los reajustes al día de hoy. A pesar de las distintas comisiones y mesas de negociación, toda propuesta de resolución ha resultado insuficiente.
Lamentablemente, los ministros que asumen la cartera deben cargar con esta fea herencia, pues las deudas del Estado no se acaban con los cambios de gobierno. Así, se ven enfrentados al dilema de tener que pagar una suma que se estima cercana a los 7 mil millones de dólares,equivalente a seis años de la subvención especial preferencial (SEP). Un costo hundido imposible, pues ni un solo peso pagado favorecerá a los estudiantes ni a la calidad de la educación, en circunstancias que urge poner el foco en ello.
Por otro lado, la deuda ha traído también otro costo que no suele estimarse. El costo agregado por el Colegio de Profesores, quienes han hecho de esta demanda la bandera de sus diversas luchas ideológicas, en la cual todo vale, incluído pasar a llevar el derecho de educación. En efecto, dicho gremio no ha escatimado en gastos para exigir el pago de la deuda mediante sus constantes llamados a paro. Pues claro, no son ellos quienes están pagando las facturas: las pagan la educación pública y los estudiantes que ven vulnerado su derecho y afectado sus trayectorias educativas.
Para el Colegio de Profesores, la deuda se ha convertido en un aliado conveniente en su lucha ideológica. Siempre tendrán una buena excusa –la demanda– para paralizar la educación y poner en jaque al Mineduc. La ciudadanía puede empatizar con la deuda histórica –siempre presente en sus petitorios–, pero no así con los demás agregados. Sin deuda histórica, el Colegio de Profesores se queda sin instrumento de extorsión a la educación.
El Estado tiene una deuda con 70 mil docentes aproximadamente, pero el Colegio de Profesores no puede hacer vista gorda a la deuda que acumula con todos sus estudiantes y familias. En vistas de avanzar en soluciones, sería bueno que el gremio también se diera por aludido respecto de sus propias obligaciones, porque lo que no podemos permitir, es que el costo de la deuda la terminen asumiendo los estudiantes.
Magdalena Vergara es Directora de Estudios de IdeaPaís, columna publicada en Diario La Tercera, el 12 de septiembre.