A días del plebiscito del 17 de diciembre, la coincidencia entre los anuncios del gobierno y las principales novedades del texto constitucional son demasiadas. Todo indica que pese a estar en contra, el gobierno entiende que el texto recoge las demandas más relevantes de la ciudadanía, en especial en lo referido a delincuencia, migración e incluso corrupción. Pero como no lo puede reconocer, acelera en esas agendas e intenta bajar los costos de la opción en contra.
Hace dos meses el gobierno ingresaba el proyecto que crea una fiscalía supraterritorial, hace dos semanas anunció el proyecto de ley de creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las víctimas, y la semana pasada el presidente Boric impostaba un tono firme y perentorio para declarar que a los inmigrantes irregulares, “los vamos a echar”.
Así, después de años dilatando la prioridad en la seguridad, el gobierno finalmente parece ponerse las pilas. ¿por qué ahora? ¿Qué novedad hay ahora que se abordan con aparente determinación estas materias en que el gobierno ha sido tan ambiguo? bueno, pasa que el 17 de diciembre se plebiscita un texto que consagra una fiscalía supraterritorial (artículo 178), una defensoría de las víctimas (artículo 174), y la expulsión en el menor tiempo posible, a los inmigrantes irregulares (artículo 16).
La corrupción merece mención aparte. Después de varios meses de señales equívocas ante el caso fundaciones que involucra a personeros de gobierno y militantes de sus partidos, en medio de allanamientos y detenciones, esta semana el presidente anunció el Plan Nacional de Integridad Pública. Por su parte, la propuesta constitucional instaura una Agencia Nacional contra la Corrupción (Artículo 8) y mandata al presidente a iniciar su creación en el plazo de un año desde la aprobación del texto (segunda disposición transitoria).
Es legítimo que el gobierno tenga sus agendas y no se paralice en las cercanías del plebiscito. Pero es burda la manera en que se abordan una por una las virtudes de la propuesta y cuesta creer la real determinación de un gobierno para el que la seguridad nunca ha sido prioridad, y que no ha sabido desmarcarse con firmeza de los casos de corrupción que se investigan. Por su parte, el texto constitucional a plebiscitar, tiene como distintivo justamente sus normas en seguridad, orden migratorio y combate a la corrupción. Juzgue usted.
Juan de Dios Valdivieso es Director de Regional de IdeaPaís en O’Higgins. Columna publicada en El Tipógrafo, el 6 de diciembre.