Afortunadamente, en el último tiempo se ha puesto el acento en modernizar el Estado chileno y transitar hacia una mejor gestión de los recursos públicos. Al respecto, uno de los nudos principales de la titánica labor de avanzar hacia un Estado moderno es repensar la oferta de programas sociales, los cuales tienen por finalidad dar respuesta oportuna a las diversas necesidades de la ciudadanía, en un amplio espectro. Actualmente el Estado de Chile cuenta con 715 programas sociales y gasta anualmente 36 mil millones de dólares para estos fines, lo que representa casi la mitad del gasto público total. Asombrado quizás por tamaña cifra, se preguntará el lector: ¿Cómo funciona nuestra oferta programática? Desgraciadamente, no muy bien.
Un primer elemento crítico es el diseño mismo de estos. Si bien son numerosos los programas que cuentan con un diseño coherente a su propósito específico, gran parte de ellos carecen de un diseño adecuado. Un ejemplo de ello es la duplicación de esfuerzos —ergo, de recursos— que existe en la administración pública ante una misma problemática. Algunos estudios han revelado que muchos programas sociales, coordinados por distintos servicios públicos, tienen el mismo propósito y abarcan el mismo problema y población objetivo, lo que genera ineficiencias y duplicidad de funciones. Atender este diagnóstico es primordial para velar por un uso eficiente de los recursos públicos.
Además, hay ocasiones en que el diseño de los programas genera efectos indeseados. Aunque los programas sean eficientes para enfrentar el problema específico para el cual fueron diseñados, muchas veces generan incentivos perniciosos respecto a otro problema social, sin ser éste último considerado en el diseño. Como muestra de lo anterior, un botón: según un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas UC, de 80 programas sociales evaluados, 25 de ellos generaban desincentivos a la cotización previsional. En miras de lo anterior, es muy importante que al ser diseñados los programas, se vele por los efectos colaterales que pueda generar una política respecto a otros factores considerados perjudiciales para la población.
Luego, un segundo elemento crítico es la evaluación oportuna, efectiva y vinculante de las políticas públicas. Actualmente, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) junto a la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) —instituciones a cargo de evaluar y monitorear las políticas públicas— identifican en sus evaluaciones un balance más negativo que positivo de estos programas sociales. En efecto, de los últimos 63 programas evaluados por DIPRES, el 60% de ellos cuenta con un desempeño insuficiente, mientras sólo el 6% es evaluado con buen desempeño. ¿En qué medida estas evaluaciones son vinculantes para la toma de decisiones respecto al rediseño o eliminación de un programa con desempeño insuficiente? En —casi— ninguna. Más allá de las observaciones que pueda hacer el ente evaluador, actualmente una nota negativa a un programa social no fuerza su rediseño o eliminación. La buena noticia es que el Congreso se encuentra discutiendo la creación de una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Esto debe hacerse con la idea de que, políticas mal evaluadas deban pasar una etapa ex-post de rediseño, o bien, a una eventual discusión sobre el término de su implementación.
Por todo lo anterior, atender los distintos nudos críticos que subyacen a nuestra oferta programática es central para avanzar hacia un Estado moderno. Hoy tenemos demasiados programas, muchos de ellos con desempeño deficiente, otros con objetivos duplicados e incentivos perniciosos para aquellos grupos a los que se pretende asistir. Es necesario contar con una institucionalidad técnica que tenga por objetivo evaluar los programas, con un rol activo respecto a cuáles deban ser rediseñados o eliminados, así como aquellos que, tras buenas prácticas y efectos positivos significativos puedan atraer más recursos y entrar en etapa de escalamiento. Mientras la ciudadanía sigue esperando la ansiada modernización del Estado, es necesario dar visibilidad y urgencia a estos temas, sobre todo si se trata de velar por un mejor uso de los recursos públicos.
Juan Pablo Lira es investigador de IdeaPaís. Columna publicada en El Dínamo, el 29 de mayo.