Algo tiene que andar muy mal en nuestro país. En pocos meses se han hecho públicos dos casos, donde los directores de una institución -un colegio y una residencia de menores- fueron detenidos por negarse a aceptar el mandato del juez de matricular o ingresar a un niño en el establecimiento.
A priori, podríamos culpar a los directivos ¿cómo es posible que le nieguen el acceso a un niño que lo necesita? ¿Dónde queda el derecho a la educación de ese niño, o la reparación de sus derechos que han sido vulnerados? Por supuesto que la situación es más compleja, y si bien cada uno de estos casos tiene sus propias dificultades y particularidades hay un elemento que es común: la falta de cupos.
El caso del colegio: un padre que acudió a la justicia luego que su hijo se hubiera quedado sin matrícula al terminar el proceso de postulación mediante el SAE. El director desacata la orden del juez de matricularlo, pues no tenía cupos en el establecimiento y, además, conforme a la normativa, se estaría “saltando la fila”. En efecto, conforme a la ley, si al finalizar el proceso regular de admisión el estudiante no ha quedado asignado a ninguna escuela, entra a una lista de espera que es por orden de llegada, en la cual el estudiante en cuestión se encontraba en el puesto número once… Este caso está lejos de ser uno aislado, cada vez son más los recursos de protección de padres que acuden a la justicia para “saltarse la fila”.
El caso de la residencia: la directora de la residencia de menores, encarcelada por desacato ante la orden del juez de reingresar a una niña al establecimiento y que, conforme declaró la directora, había tenido conductas de abuso y maltrato hacia otras niñas de la residencia. Nuevamente, no se trata de un hecho aislado, sino recurrente en la cruda realidad que viven las residencias.
¿Cómo es que llegamos a estas situaciones extremas?
Sin duda son muchas las aristas que se entrecruzan en ambos casos, pero entre todas ellas hay una que pesa especialmente: decisiones políticas mal tomadas que provocan estrés en el sistema, llevan a la judicialización y terminan afectando a las familias y en especial a los niños y jóvenes. En educación, la decisión de impedir desde arriba la creación de nuevas escuelas particulares subvencionadas. En los servicios de protección de menores, una política mal implementada: Mejor Niñez, que no ha sido capaz de disponer de una oferta adecuada para aquellos adolescentes que lo requieren, colapsando a las residencias existentes con consecuencias como las que vemos.
Y ¿quién se responsabiliza? ¿Seguiremos esperando que sean los jueces quienes desde sus sentencias busquen soluciones a problemas de política pública? ¿Seguiremos ahogando a las instituciones encarcelando a sus directivos, poniendo sobre ellos el dedo acusador? Uno de los grandes problemas de nuestro sistema, es que nadie asume la responsabilidad de una política mal hecha, parlamentarios exentos de culpa en el proceso legislativo, jueces que se lavan las manos, un gobierno incapaz de dar con soluciones efectivas.
Pero, aquí no existe ni Moya, ni Fuenteovejuna que pueda evitarnos el pago. Aquí, quienes están pagando, son los niños.
Magdalena Vergara es directora de estudios de IdeaPaís. Columna publicada en El Líbero, el 3 de julio.