Señor Director:
Recientemente en una entrevista en CNN el diputado Gonzalo Winter dijo estar “de acuerdo con el voto obligatorio como concepto”, pero defendió su polémica frase de que la aplicación de la multa era una medida “antipobre”, y utilizó los siguientes argumentos: (1) la medida está pensada para los sectores populares, (2) la multa no sería un beneficio sino un castigo, (3) existen multas justas e injustas y esta sería injusta.
Respecto al primer argumento, la medida se aplica a toda la población, por lo que no está pensada para los sectores populares, lo que sí ocurre es que estos participarían en mayor medida si el voto fuera efectivamente obligatorio. Sobre el segundo argumento, no está en discusión que una multa sea un castigo, lo que se discute es cómo logramos que el voto sea obligatorio. Sobre el tercer argumento, el diputado dijo que una multa por pasarse una luz roja es justa, pero que una para quien no vota, no. De esta lógica puede desprenderse que las multas son justas sólo cuando disuaden de la ejecución de una acción prohibida, pero no cuando obligan a la realización de un deber. Si tal fuera el caso, no se podría sancionar a quien no paga su pensión alimentaria o no renueva su licencia de conducir.
Es sofista entonces sostener que se está “de acuerdo conceptualmente con el voto obligatorio”, pero oponerse a que se disponga de algún elemento coercitivo para ello, lo obligatorio implica coerción. Lo que sí se puede discutir es la cuantía de la multa o las causas de exención.
Matías Domeyko es director regional de IdeaPaís en Los Lagos. Carta publicada en El Líbero, el 24 de julio.