Señor Director:
En su columna, Miriam Henríquez destaca un cambio en la señala el giro de la Contraloría bajo la gestión de Dorothy Pérez, en el cual la “confianza legítima” pasa a ser “materia litigiosa”, y su resolución queda en manos de los tribunales. Este giro no hace más que evidenciar lo que ya sabemos: el sistema de empleo público en Chile está sobrepasado, y el Estatuto Administrativo, lejos de responder a la realidad actual, sigue siendo un marco rígido que no se ajusta a las necesidades del Estado ni a los derechos de los funcionarios. Paradójicamente, cuando Bermúdez en 2022 dictaminó el fin de los contratos a honorarios para funciones permanentes, apenas hubo reacción, a pesar del enorme impacto presupuestario y operativo que esto suponía para el Estado. Hoy, sin embargo, voces de asociaciones, sindicatos e incluso del PC se muestran alarmadas por un dictámen que simplemente reconoce los límites de la Contraloría en un sistema disfuncional.
El verdadero problema no reside en los criterios judiciales ni en los cambios dentro de la Contraloría, sino en un Estatuto Administrativo obsoleto, que obliga a los trabajadores a buscar justicia en tribunales. Si aspiramos a un empleo público eficiente que ofrezca certezas, necesitamos una reforma profunda que logre un equilibrio entre flexibilidad, estabilidad y eficiencia. No más parches temporales.
Arnau Sarrà es investigador de IdeaPaís. Carta publicada en La Tercera, el 14 de noviembre.