La reforma previsional finalmente se destrabó. Se trata de una de las víctimas más icónicas de las dificultades que tiene nuestro sistema político para resolver dolores sociales. Tal como se conoce, el proyecto despierta suspicacias, pero representa una oportunidad para detener nuestro estancamiento estructural. ¿De qué se trata la reforma? Veamos.
La propuesta aumenta en 6 puntos el ahorro previsional individual. De esos 6 puntos, 4,5 se destinarán íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores, y el 1,5 restante se invertirá transitoriamente en bonos garantizados por el Estado y registrados en el Depósito Central de Valores, con rentabilidad esperada de mercado. Este mecanismo —denominado «préstamo transitorio»—, con gobernanza autónoma estatal (como el Banco Central), busca aumentar la jubilación de los actuales pensionados sin incurrir en fórmulas de reparto, devolviendo al trabajador todo lo prestado con reajustes e intereses.
El préstamo transitorio, además de asistir a los actuales pensionados, hace frente a la crisis de informalidad de nuestro mercado laboral, adoptando un mecanismo de garantía por año cotizado que premia el empleo formal. Adicionalmente, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) se verá fortalecido, pues al 1,8% (en promedio) que ya cotiza actualmente el empleador se agregará un 0,7% adicional, llegando a percibir, en promedio, 2,5 puntos de cotización. Este seguro financiará las prestaciones habituales del SIS y la nueva compensación a mujeres por su mayor expectativa de vida.
La reforma no es perfecta. Nada así ha salido de las manos del ser humano, dijo Andrés Bello. Con todo, la propuesta muestra oportunidades relevantes. Primero, los afiliados tendrán libertad para elegir y cambiar su administradora de fondos en cualquier momento. Segundo, la adición de 6 puntos de ahorro individual es consistente con el consenso técnico: (1) representa una inyección importante de capital en el mercado de capitales; (2) excluye toda forma de reparto, que es ineficiente y también injusto; (3) es un avance significativo en materia de seguridad social para Chile, acercándonos al estándar OCDE. Por último, su implementación será gradual (9 años), evitando que afecte bruscamente en el empleo. Todo lo anterior impactará en la salud de nuestra economía y beneficiará directamente a las familias que hoy necesitan mayores ingresos para mejorar su calidad de vida.
Seguir dilatando una discusión que lleva prolongándose por más de una década es una bomba de tiempo, impide asegurar pensiones dignas y amenaza la sostenibilidad fiscal futura de un Chile, cuyo envejecimiento poblacional aumenta mientras su tasa de natalidad disminuye.
Dada la exclusión del reparto, el aumento el ahorro individual y los beneficios arriba descritos, esta reforma es una oportunidad adecuada para avanzar por el bien de Chile y sus familias.
Cristián Stewart es director ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 16 de enero.