Señor Director:
En la nota publicada ayer sobre el reciente informe de la ONU contrario a la maternidad subrogada, algunos académicos la compararon con las cesáreas: así como hay cesáreas buenas y malas, habría subrogaciones buenas y malas. Prohibir todo alquiler de vientres, sostienen los autores de esta analogía, sería equivalente a prohibir todas las cesáreas.
La comparación es inadecuada. La cesárea, según el caso, puede ser legítima o violenta. Pero la subrogación siempre implica violencia contra la mujer y el niño, tal como señalan la Declaración de Casablanca (Marruecos, 2023) y la Relatora Especial de Naciones Unidas: siempre instrumentaliza la capacidad reproductiva femenina y cosifica al recién nacido. El informe, en efecto, documenta abusos de tipo económico, psicológico y físico, transversales a las diversas formas de subrogación, además de cesáreas programadas no por razones médicas, sino para coordinar la llegada de los “padres contratantes”.
No existe, entonces, subrogación “no violenta”: la práctica es estructuralmente lesiva. Lo que se requiere no es regularla, sino abolirla.
Javiera Corvalán es investigadora legislativa de IdeaPaís. Carta publicada en El Mercurio, el 28 agosto