Señor director:
Los dichos del diputado republicano Cristóbal Urruticoechea, según los cuales la mujer que aborta merece diez años de cárcel ya que el aborto no la «desviola», son desde todo punto de vista inaceptables. Y no es necesario ser pro aborto (de hecho, las firmantes somos férreas opositoras) para reconocer cómo la cuestión así planteada sugiere una incomprensión radical del problema, e introduce distorsiones que dificultan una adecuada discusión sobre el dilema que nos presenta.
En primer lugar, invisibiliza completamente el drama humano en torno al aborto y a la violación. En segundo lugar, criminaliza a la víctima que ha sido violada. En lugar de acompañarla en el proceso de sanar su trauma y al mismo tiempo buscar salvar al nonato, hace recaer la carga sobre ella. El violador desaparece de escena o se relega a un conveniente segundo plano, también la sociedad donde ello tuvo lugar.
Resulta sorprendente que sea necesario explicar que el aborto nunca ha pretendido «desviolar», como Urruticoechea señala brutalmente. La obviedad es tal, inevitable pensar que al diputado no lo movía expresar un argumento, sino un cruel sarcasmo. También es evidente que no sana el trauma. La mujer que busca un aborto luego de ser violada no pretende borrar un suceso que marcará su vida, sino evitar una de sus ya muchas consecuencias. Podremos discrepar de la legitimidad de ese objetivo, pero nunca desconocer un nivel elemental de empatía, que se le escapa al diputado.
Una vez más, algunos miembros del Partido Republicano se comportan como la contracara de sus más extremos adversarios. Mientras unos omiten la tragedia del niño no nacido, los otros desconocen el rostro (visible y doloroso) de la mujer violada.
Carta por Josefina Araos, Gabriela Caviedes, Catalina Siles y Magdalena Vergara, Directora de Estudios de IdeaPaís, El Mercurio en la edición del 1 de octubre de 2022.