Señor director:
La falta de escrúpulos, por un lado, de algunos empresarios respecto de la forma de implementar la reducción de la jornada laboral y la incapacidad de la institucionalidad de prever este escenario, por el otro, es algo que, sin duda, debiera interpelar al mundo privado y a la clase política, respectivamente. Lamentablemente, el refrán “hecha la ley, hecha la trampa” encuentra manifestación en la ley de 40 horas y nuestras instituciones no estuvieron a la altura para impedirlo. En efecto, velar por que la implementación de una determinada ley sea coherente con el propósito que le subyace recae tanto en quienes deben cumplirla —los empleadores— como en quienes deben supervisar su cumplimiento —la Dirección del Trabajo—.
Frente al actuar tardío e ineficaz de la institucionalidad laboral y la falta de lealtad de algunos actores del mundo privado para con el espíritu de la ley, no debemos perder el norte de esta nueva legislación: conciliar el trabajo con la familia. Los esfuerzos y el tiempo allí empleados son fundamentales para reivindicar la dimensión pública de aquella. La familia, lejos de ser un asunto meramente privado, es nada menos que el núcleo fundamental de nuestra sociedad.
Juan Pablo Lira, es Investigador de IdeaPaís. Carta publicada en El Diario Financiero, el 24 de abril.