Señor director:
La próxima semana la comisión de Educación de la Cámara vota en general el proyecto de ley de convivencia y violencia escolar. En tiempos en que la violencia entre los jóvenes (y adultos) es motivo de reuniones y medidas especiales por parte del Gobierno, es iluso pretender solucionar este problema en los colegios sin inyectar recursos ni entregar herramientas a los establecimientos con este objeto.
Además de no resolver las principales preocupaciones que aquejan a las comunidades educativas, la normativa que se propone incrementa el intervencionismo estatal dentro de los colegios, así como la cantidad de procesos y con ello la burocracia, principal causa de agobio de directores y profesores.
Aun cuando el proyecto se jacta de tener una mirada integral de violencia escolar, lo cierto es que la visión que instalan es parcial y sesgada, pues se limitan a establecer normas para evitar el acoso y la discriminación, como si los overoles blancos, el uso de bombas molotov, la destrucción de infraestructura, y el porte o uso de armas, pudieran solucionarse por esta vía.
Francisca Figueroa es investigadora de IdeaPaís. Carta publicada en La Segunda, el 22 de julio.