No hay dos lecturas: nuestra historia reciente admite distintas visiones. No solo porque es legítimo pensar distinto, sino porque, de hecho, existen diversas aproximaciones al tema. Por eso, los intentos de zanjar unívoca y oficialmente la interpretación política de los últimos 60 años fallaron rotundamente. Tapar el sol con un dedo bajo el manto protector de la visión oficial lo único que hace es exacerbar esas diferencias.

La tolerancia al disenso es crucial para una democracia sana. Por cierto: existen mínimos que deben ser compartidos para que dicho disenso se sostenga. Dado que «lo diverso supone lo semejante», no caben dos voces en el respeto a la dignidad humana y la total exclusión de la violencia política y la violación de los derechos humanos. Pero desde ese piso, la diferencia es fundamental para la convivencia.

El problema de la pretensión que subyace a la fallida declaración conjunta que hizo el gobierno no era su contenido. El problema es que no invitó a construir conjuntamente nada. Quiso imponer sus términos desconociendo los antecedentes previos, bajo la arrogante creencia de ser acreedores de la verdad histórica. Por eso, el argumento que pretendió achacar a la oposición de estar en contra de las cuestiones de sentido común contenidas en esa declaración no se sostiene. La negativa de firmar tiene que ver con muchas cosas, menos con el contenido de la declaración.

Naturalmente, es deseable que una declaración que invita a respetar la democracia en todo tiempo y lugar, sea firmada por las fuerzas políticas que han sido separadas por la historia. Pero pensar que esa declaración resolverá la dramática falta de visión de Estado y de largo plazo que tenemos, es inocente y voluntarista. Porque no basta con declarar para cambiar la realidad. Las declaraciones suelen carecer de un carácter performativo. Para que su contenido se traduzca en realidad, se requiere de condiciones previas. Y lo que se hizo con Patricio Fernández, el tono partisano que tuvo la ceremonia del 11S (hablándole más al 30% que al país), y el homenaje a Allende en la Cámara de Diputados —en el marco de una campaña de ensalzamiento acrítico de la UP— son hechos que responden a la convicción de que el disenso no solo es inadmisible, sino que tiene visos de pinochetismo ultrón. Y eso es falso. 

Lo ocurrido en el Senado es lo que debiese haber antecedido al 11S. Como señala la declaración de consenso leída por el Presidente de la Cámara Alta, «nunca podemos tratarnos como enemigos, nunca la violencia es alternativa a la solución racional de los desacuerdos, [y] nunca la dignidad del ser humano puede subordinarse a ningún objetivo político». En ese desafío le caben responsabilidades a todos, que es justamente lo que hace falta: no hay nada más propio en un propósito colectivo que asumir entre distintos responsabilidades compartidas.

Cristián Stewart es Director Ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en Diario La Segunda, el 14 de septiembre.