Boric, Jackson, Vallejo y compañía han denunciado la ilegitimidad, sin matices, de la deuda que contraen los jóvenes para acceder a la educación superior. Siguiendo a Fernando Atria entienden la educación superior como un derecho social que sólo puede ser garantizado mediante la gratuidad universal. Para aterrizar esta demanda, impulsaron la condonación y término del CAE, con el fin de saldar aquella deuda que, además de “ilegítima”, ahogaba a los deudores. En 2018, la Presidenta Bachelet estableció la gratuidad universitaria, pero no le tocó un pelo al CAE. Así, dicha demanda incumplida quedó como la principal bandera de lucha de este gobierno.
El baño de realidad de llegar a la Moneda y aquellas molestas piedras en el zapato llamadas presupuesto y gasto fiscal, les han traído problemas a sus líderes, pues los pone en la incómoda posición de ver confrontadas sus convicciones. Ante el costo que implica la gratuidad, buscaron impedir que nuevas Instituciones de Educación Superior (IES) se adscribieran a la política. Sin embargo, la ley es clara cuando una institución cumple con los requisitos, sin dejarles otra alternativa que aceptarlas. Así también, han debido reemplazar la idea de condonación universal por una parcial; y el término del CAE, por una modificación. A pesar de mostrar cierta moderación, la retórica de la deuda ilegítima no ha salido gratis.
Por una parte, es la política de gratuidad la que explica que el gasto en educación superior haya aumentado en un 165% desde el año 2013 en adelante; y es la causante, también, de que se invierta más por estudiante matriculado en una institución superior estatal que lo que se invierte en un niño de la educación parvularia o escolar pública. Lo más grave es que la magnitud de la inversión y el escandaloso costo alternativo que esta política ha significado para la educación inicial, ni siquiera ha promovido una mejora en la calidad del sistema terciario, como en algún momento vaticinaron los optimistas. La política de la gratuidad no sólo mantiene atoradas y con techo de crecimiento a las IES por la fijación de los aranceles, sino que además permite que instituciones estatales no acreditadas tengan gratuidad. Básicamente, poco se aprendió con el CAE o, peor aún, se ha caído en la lógica de que, dado que la educación que se ofrece es gratuita para quien la recibe, no es demasiado grave que el título ofrecido carezca de valor.
Sin duda era posible mejorar el CAE para lograr un acceso equitativo y permitir el desarrollo de nuestro sistema. Sin embargo, en vez de ello se empecinaron en la gratuidad universitaria, así como en la condonación y término del CAE. Todo para que, a fin de cuentas, el gobierno terminara proponiendo un sistema de financiamiento al que, si bien seguramente no le llamará ni crédito ni deuda, será muy similar a lo que tenemos hoy: uno en que el Estado le prestará al estudiante un monto que éste deberá retribuir una vez terminado sus estudios, según sus ingresos. Un gatopardismo bastante absurdo.
Magdalena Vergara es directora de Estudios de IdeaPaís. Carta publicada en La Tercera, el 29 de mayo.