El nuevo proceso constituyente está próximo de iniciar, y por lo mismo es importante volver a centrar la discusión en sus contenidos. En la reforma que habilita el nuevo proceso se estableció que, dentro de las bases constitucionales, “Chile es un Estado social y democrático de derecho”. Reflexionar sobre las implicancias de esto es esencial.
Una buena manera de aproximarse a esta reflexión tiene que ver con las razones que llevaron a definir este requisito mínimo. Un buen análisis, lo encontramos en los Diálogos de Tenemos que Hablar de Chile, liderados por la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile. En ellos se expresa un descontento ciudadano especialmente dado por la fragilidad de la vida. Si bien hemos alcanzado cierto estándar de vida superior al de décadas atrás, existe el temor de que en cualquier momento se derrumbe si nos sobreviene alguna eventualidad, como la vejez, una enfermedad o la pérdida del empleo. Dicho descontento se agrava cuando se constata la incapacidad del Estado frente a estas inquietudes, pues no ha podido ofrecer un sistema de salud, pensiones o educación que den mayor seguridad. La expectativa, por tanto, frente a un cambio de Constitución en esta materia, no es otra que el tener un Estado eficiente capaz de otorgar una mayor seguridad social.
Consagrar que nuestro país es un Estado Social de Derecho, busca precisamente comprender al Estado de una forma más robusta y responsable de la subsistencia material y espiritual de sus ciudadanos. Un Estado que tiene como misión garantizar ciertas condiciones de vida mínima para el bienestar de todos, y para que todos podamos ejercer de igual forma nuestra libertad. Esta mirada de un Estado Social permea por supuesto en la manera que comprendemos los derechos sociales, las libertades, la organización del Estado, el resguardo del orden público, la descentralización, entre otros aspectos.
Por último, esta reflexión está incompleta si no agregamos el aspecto “Democrático” de este Estado Social, cuestión esencial pues permite comprender que, en su misión por entregar seguridad social, el Estado debe siempre entenderse al servicio de las personas, respetando sus derechos fundamentales y sus libertades básicas. Por tanto, un Estado democrático robusto debiera garantizar y promover el fortalecimiento de la sociedad civil mediante sus propias asociaciones, proveyendo así bienes públicos en conjunto para asegurar los derechos fundamentales y sociales. En este sentido Alexis de Tocqueville señala que el pilar fundamental de la libertad y la democracia moderna es la libertad de asociación de sus ciudadanos.
En conclusión, un Estado Social y Democrático de Derecho, tiene por objeto fortalecer la garantía de los derechos y libertades de las personas, así como asegurar condiciones de vida digna, mediante un Estado activo, moderno y una sociedad civil participativa y robusta, revitalizando así la debida cohesión social que requerimos para vivir juntos en una misma comunidad.
Magdalena Vergara, directora de estudios de IdeaPaís, publicada por diario El Líbero en la edición del 05 de febrero de 2023