El cuidado de sus miembros es probablemente uno de los principales deberes de la familia como institución. Ella tiene la especial tarea de brindar amor, apoyo emocional y físico, y satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Sin embargo, esta labor se ha transformado en una causa de desvelo para las familias chilenas y que muchas veces termina por imposibilitar el ejercicio de otros derechos. El agobio que para muchos significa cuidar a sus seres queridos sin contar con las condiciones adecuadas ni una red de apoyo son algunas de las preocupaciones que, como sociedad, debemos hacernos cargo.
Hacernos cargo porque el cuidado del otro no debe ser comprendido como un valor solamente para las partes que lo constituyen –en este caso, la persona que cuida y aquella susceptible de cuidado–, o solamente desde la óptica económica –el trabajo de cuidados no remunerado representó un 25,6% del PIB en el 2020–, sino también como un valor para la sociedad en su conjunto al ser precisamente la actividad que preserva la vida, fortalece los lazos comunitarios y promueve el bienestar general. En efecto, las labores de cuidado cumplen una función social ya que nos permiten comprender nuestra interdependencia y su ejercicio forja valores éticos y cívicos que trascienden las relaciones individuales y moldean nuestro comportamiento en sociedad.
Así, dada la trascendencia que significa el cuidado en el ser humano en el seno de la familia, parece necesario discutir cómo el Estado, en conjunto con la sociedad civil, apoya a las familias en esta fundamental labor, les otorga redes a quienes cuidan y asiste a quienes, por razones excepcionales, no pueden ser cuidados por sus familias. Es por esto que desde IdeaPaís, en conjunto con otras instituciones, presentamos la Iniciativa Popular de Norma Nº 6.091 sobre Derecho al Cuidado que busca reconocer el derecho y deber preferente de las familias en el cuidado de sus miembros y dispone al Estado para que, mediante instituciones públicas y privadas, colabore en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, no para sustituir a la familia en esta labor, sino para fortalecerla y apoyarla en el ejercicio de una de sus funciones más trascendentales pero nunca en desmedro de su bienestar.
Porque cuando no garantizamos un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos, fallamos como Estado Social y Democrático de Derecho; porque cuando la familia no es capaz de cumplir sus funciones más propias fallamos como sociedad.
Emilia García, Investigadora de IdeaPaís, columna publicada por medio La Segunda en la edición 04 de julio.