Un honesto militante de Revolución Democrática, podría exigir que no se generalice la condena pública a los hechos que se investigan sobre desvíos millonarios desde el Estado hacia fundaciones conformadas por militantes de su partido. Aducirá que las instituciones deben investigar, que las responsabilidades son personales y que son los involucrados quienes deben ser cuestionados, no la colectividad completa.
Ese militante tiene algo de razón, pero hay que distinguir dos problemas que acá se dan en paralelo: uno es la moralización de las diferencias políticas y otro es defraudar la moral más básica. Sobre el primero, es inevitable generalizar, mal que le pese al militante, porque su colectividad política profitó de la moralización del debate público hasta el cansancio. Fue ese discurso moralizante el que los llevó al poder, el que demonizó el lucro, el que sólo veía adversarios malintencionados, defensores de ocultos intereses. Fue ese discurso el discurso que azuzó el fuego de octubre y llamó “violencia” a las falencias sociales que sufren los chilenos, validando así, en un burdo empate, la violencia verdadera. Menuda moralidad.
Habría que recordarle también a ese militante que una vez en el poder, Revolución Democrática y el Frente Amplio demostraron no tener propuestas efectivas para responder a las falencias que tanto criticaron. Así, el terrorismo en la Araucanía, la crisis migratoria, la violencia desatada, los virus respiratorios, fueron crisis que pasaron por encima de un gobierno que, si fuera oposición, sin duda estaría moralizándolo todo a mansalva.
El mencionado militante debe considerar además que sus voceros decían tener estándares morales superiores a sus antecesores, que llamaron donaciones a los ahorros para campañas, que sus precursores españoles recomendaban armar “una estructura económica autónoma que permita acoger a los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales” -palabras de Íñigo Errejón – , y que por estos días la dirigencia del partido ha enredado más y más la explicación cada vez que aparece un nuevo antecedente en los casos investigados.
Por otro, lado donde el militante sí tiene razón, es en evitar la generalización de los delitos que se investigan. Hoy no está en cuestión la moralidad retórica de dichos ni actitudes políticas, ni la diligencia en la administración responsable del Estado que enfrenta las crisis sucesivas que viven las familias chilenas. Hoy está en cuestión la verdadera moralidad, la más básica decencia de hacer uso honesto y probo de los recursos del estado, y la legalidad de no desviar fondos públicos para fines de proselitismo político.
Por eso hay que hacer la distinción y en los delitos que se indagan, es necesario que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias penales y políticas sin generalizar. Porque resulta fácil mezclar todo y caer en el discurso de “prometían ser diferentes y en realidad son iguales al resto” o “dijeron tener estándares morales superiores y finalmente hacían lo mismo”, pero ese discurso esconde algo más grave que incomodar a un militante: diluir la responsabilidad de los verdaderos involucrados y dañar aún más la confianza en la política.
Juan de Dios Valdivieso, Director Regional de IdeaPaís en O’Higgins, columna publicada por medio El Tipógrafo en la edición 13 de julio.