Constantemente escuchamos que la sobrecarga administrativa que impone el sistema provoca agobio en las comunidades educativas. En 2018, un estudio de Educación 2020 señaló que más del 70% de los directores declaró destinar entre el 40% y el 80% de su tiempo a cumplir exigencias burocráticas, situación que al año 2024, sólo se ha agravado. De hecho, en la Nueva Educación Pública, una encuesta reciente realizada por la misma institución, señaló que un 47% de los docentes considera que la sobrecarga laboral ha empeorado desde la desmunicipalización, y un 38% considera que se mantuvo. Lo mismo señalaron los directores de los colegios administrados por los Servicios Locales de Educación Pública en un sondeo realizado por la UDP: la tercera preocupación más importante es la sobrecarga administrativa (antes figuran la falta de recursos para gestionar en primer lugar y el aumento de alumnos con problemas emocionales en segundo). Así también, la mayoría de los encuestados opinó que el tiempo que se dedica a responder las demandas administrativas del sostenedor, MINEDUC y/o Superintendencia de Educación debiera ser mucho menor.
A pesar de que estos problemas son bien conocidos, no se ha hecho nada al respecto. Es más, algunos continúan creyendo que la solución a los problemas sociales que afectan a las escuelas es imponer más trámites administrativos, tal como lo ejemplifica el nuevo proyecto de ley de convivencia escolar, actualmente en discusión. Desgraciadamente, en Chile insistimos en legislar bajo la premisa de la mala fe de los sostenedores y no de la ayuda concreta que necesitan los estudiantes.
Totalmente contrario a lo que nos dice la evidencia: los resultados de la prueba PISA 2022 mostraron que los sistemas educativos cuyos estudiantes lograron mejores resultados académicos, son aquellos que combinan otorgar mayores grados de autonomía a las escuelas con mecanismos que aseguren la calidad. Pero en nuestro país se insiste en dejar de manos atadas a directores y sostenedores, y en lugar de mecanismos para la calidad, preferimos instalar procesos susceptibles de fiscalización.
Para dar solución al dramático escenario que desborda a las escuelas, nuestro sistema debe dotar de mayor autonomía a los colegios, y eliminar aquella burocracia asfixiante cuyo cumplimiento no se traduce en mejoras efectivas. Esto no significa hacerlos menos responsables, sino todo lo contrario: deben incorporarse mecanismos para responder por los resultados que sus actos provocaron, lo que internacionalmente se conoce como accountability. En este ámbito la Superintendencia podría cumplir un rol fundamental, pero para eso necesitamos que los colegios puedan preocuparse de la efectividad del aprendizaje de sus estudiantes, y no de perder tiempo en el infinito papeleo.
Francisca Figueroa es investigadora de IdeaPaís. Columna publicada en El Dínamo, el 8 de julio.