El episodio de las cuentas de luz tiene componentes económicos, sociales y políticos. Aunque los primeros son los que han generado mayor discusión, los que requieren mayor análisis son los últimos.
El congelamiento de las tarifas eléctricas (Ley PEC I) obedeció a una decisión política que adoptó el gobierno del expresidente Piñera para frenar un alza del 9% de los precios. Se hizo en pleno estallido social, y asumiendo el compromiso de que esto implicaría cobrar más en el futuro. Luego, en julio de 2022, el presidente Boric impulsó la extensión de dicha política de congelamiento (Ley PEC II). La medida se basó en la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, y se hizo semanas antes del plebiscito constitucional en que se impuso el Rechazo.
Ahora, que a todos nos tocará empezar a pagar mes a mes el alza de precios, las mismas personas que causaron el problema, exigen —con los clásicos emplazamientos morales— medidas para mitigarlos. Estas actuaciones vulneran un principio fundamental del derecho, como lo es la teoría de los actos propios.
El principio consiste en sancionar pretensiones legítimas de un agente, por haber realizado previamente comportamientos propios contradictorios con dicha pretensión. Básicamente, esta teoría castiga la incoherencia. Y aunque en el derecho no se permite borrar con el codo lo que se escribió con la mano, en política esto ocurre a menudo. Pero tampoco debemos aceptarlo.
Lo que hemos visto estas semanas es una manifestación de esta teoría. La actitud de los representantes políticos que exigen soluciones para mitigar las consecuencias de las mismas leyes que ellos mismos aprobaron, admite diversas expresiones criollas (irreproducibles en este medio). Pero el fondo de esta actitud no debe pasar desapercibido. El electoralismo, la inconsistencia, el cortoplacismo y la displicencia tienen límites. No solo porque siempre quienes pagan son los que menos posibilidades tienen para pagar, sino porque hay cosas que no pueden hacerse. Además, la falta de responsabilidad política es total: más gasto público en medio de un escenario de estrés fiscal, para ayudar a las familias más vulnerables a pagar un aumento que podría haber sido continuo, pero convirtieron en discreto.
Ya lo vimos con los retiros. Ahora lo vemos en las cuentas de luz. Y algunos quieren hacerlo con las pensiones abriendo cajas de pandoras. Esta irresponsabilidad no aislada da cuenta de la necesidad de contar con políticos que se muevan por principios básicos (sin los cuales esto seguirá ocurriendo): No ofrecer beneficios sin explicar sus costos. No adoptar medidas para sacar rentabilidad electoral. No atribuir irresponsabilidad a actuaciones provocadas por actos propios. Y no hacerse los tontos: por muchas aptitudes teatrales con que se cuenten, el talento para identificar aquellas actuaciones falsas suele ser mayor. Y el porrazo de los actores, doloroso.
Cristián Stewart es director ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 4 de julio.