Señora directora,
Todo parece indicar que la judicialización de la política llegó para quedarse. Si en agosto fuimos testigos de cómo la Corte Suprema, a través de una curiosa sentencia, resolvió el problema de las alzas de los planes de isapre, hoy nos enteramos de que el proyecto de presupuesto 2023 contempla, por primera vez, una partida de $23 mil millones para hacer frente a las sentencias judiciales que le ordenen al Estado financiar medicamentos de alto costo.
Pero la judicialización de la política anida problemas profundos. Se pone sobre los jueces la responsabilidad de diseñar políticas públicas mediante sentencias que no tienen ni la capacidad ni el objetivo de dar solución al problema de fondo, pues sólo resuelven el problema particular de quien acude a la justicia. Además, se abandona a quienes no pueden litigar, que suelen ser las personas que más necesitan de soluciones estatales.
En buena parte, esto es provocado por un sistema político incapaz de entregar soluciones efectivas a los problemas sociales. Una propuesta interesante en este sentido —y de cara a la discusión constitucional— consiste en establecer metas sociales en la carta fundamental. Esto es, consagrar ciertas metas u objetivos sociales cuyo cumplimiento esté garantizado por un sistema de sanciones e incentivos al legislador, que comprenda dimensiones de control ciudadano y jurisdiccional. Este es un camino que evita la judicialización directa de los derechos sociales, al tiempo que ofrece una respuesta efectiva a las familias que hoy atraviesan problemas urgentes.
Carta por Magdalena Vergara, Directora de Estudios de IdeaPaís, y Francisco Medina, Investigador Constitucional de IdeaPaís, publicada por El Diario Financiero en la edición del 21 de octubre de 2022.