Señor Director:
Es positivo el acuerdo transversal sobre la necesidad de una ley de sala cuna universal que permita a todos los padres y madres llevar a sus hijos a la sala cuna (es decir, con independencia del número de mujeres que trabajan en la empresa). Sin embargo, preocupa el efecto que este proyecto -sumado a la ley que moderniza la educación parvularia- podría tener en la oferta de establecimientos de sala cuna, sobre todo considerando la cantidad de niños que ingresarán al sistema.
En efecto, la exigencia de que los establecimientos cuenten con reconocimiento oficial obligará a aquellos que actualmente cuentan con mera autorización de funcionamiento (todos privados) a seguir un procedimiento inmediato para alcanzar dicho reconocimiento. En cambio, los establecimientos públicos que no cuentan con este, pueden permanecer así hasta el año 2034. Así también se establece una nueva y más laxa modalidad de programas parvularios alternativos, pero cuyo único sostenedor puede ser la JUNJI.
En este sentido, no se entiende por qué los privados deben cumplir apresuradamente con los nuevos requisitos, y los públicos tienen este nivel de holgura. Considerando la necesidad urgente de oferta que se generará, ¿por qué no equiparar la flexibilidad de las exigencias entre públicos y privados?
Francisca Figueroa es coordinadora legislativa y de contenidos de IdeaPaís Carta publicada en La Segunda, el 05 de diciembre.