La manera en que el Frente Amplio ha enarbolado la bandera de la condonación del CAE es una buena muestra de la forma en que entienden la política. Siguiendo la receta de Mouffe y Laclau, para justificar sus transformaciones progresistas identifican, por un lado, una víctima u oprimido y, por el otro, a un enemigo u opresor. Con esto generan una retórica identitaria sobre injusticias y cambios sociales. La batalla por la condonación del CAE resulta especialmente atractiva desde esta lógica, ya que plantea el objetivo de salvar a los deudores “oprimidos” por la banca.
Esta receta, aunque conlleva réditos (por de pronto, llegar a La Moneda), tiene problemas profundos. En primer lugar, genera mayor polarización y división, estableciendo categorías de buenos y malos, opresores y oprimidos, que en la gran mayoría de los casos, poco tienen que ver con la realidad del país y la complejidad de los problemas. Por su parte, el establecimiento de categorías absolutas impide un verdadero debate sobre los temas de fondo y dar con las soluciones pertinentes. Mediante su narrativa identitaria terminan por priorizar soluciones inmediatas y reparaciones simbólicas, sin abordar la totalidad del problema. Así, al exacerbar la condonación el CAE como símbolo de lucha social, han impedido avanzar en mejoras al crédito (como sacar la intermediación de la banca que, ahora ellos mismos proponen), así como también han obviado las consecuencias de la demonización del CAE, por ejemplo, en la posibilidad de plantear cualquier política sostenible de financiamiento a la educación superior dada la expectativa de condonación o la “ilegitimidad” de “endeudarse” para estudiar. Basta ver que desde que asumió el presidente Boric, y gracias a las promesas de condonación, la morosidad de los egresados aumentó en un 61% (entre 2021 y 2023).
Por último, la narrativa identitaria exacerba la focalización en los grupos “víctimas”, invisibilizando otras problemáticas igual o más relevantes. Al fijarse en una narrativa basada en la deuda de los estudiantes, se está ignorando la necesidad de mejorar el financiamiento de la educación temprana, crucial para el desarrollo social. En efecto, condonar el CAE (parcial o totalmente) es para este gobierno una prioridad mayor que la educación parvularia, a pesar de los enormes problemas que enfrenta el nivel y los bajos recursos que se invierten en ella. ¿De qué otro modo se explica sino, que mientras en educación superior se esté dispuesto a seguir invirtiendo miles de millones de dólares, en parvularia incluso haya disminuído su presupuesto? Que el Ministro y Subsecretario de Educación Superior lleven semanas promocionando su propuesta, cuando en parvularia presentaron un exiguo proyecto que busca aplazar en 10 años la obtención de reconocimiento oficial de los jardines, es una pequeña pero muy clara muestra de ello.
Lamentablemente, parece ser que el gobierno —enfrentado a una próxima elección— ha querido nuevamente poner en práctica su receta: poner el enfoque en el conflicto y la identidad de víctimas y opresores, cortoplacista y superficial, que nos aleja de la posibilidad de dar respuestas reales a los problemas que enfrentamos en educación y en nuestro sistema de financiamiento, que como bien da cuenta el último informe de la OCDE (Education at a glance 2024) resulta sumamente insuficiente y mediocre.
Magdalena Vergara es directora de estudios de IdeaPaís. Columna publicada en el Diario La Tercera, el 18 de septiembre.