El apagón nacional tuvo la admirable participación de un 95% del país. Sus causas se discuten y son materia de investigación, para que los responsables asuman lo que la justicia determine. Sus consecuencias, sin embargo, son lo más llamativo, porque reflejan distintos
aspectos de nuestro angosto y —ahora sabemos— ultraconectado y ultrafrágil país.
Los efectos del corte de luz fueron muy diversos. Desde la suspensión de una jornada del Festival de la Canción hasta reclamos políticos que suelen achacarse cuando ocurren desastres como estos. Lo que más me llama la atención, confirmando de paso muchos prejuicios, es la forma en que reacciona el gobierno del Presidente Boric ante eventos como este.
Las políticas públicas, por acción u omisión, suelen tener efecto retardado: sus consecuencias se conocen años después. Las políticas relativas a la electricidad no son excepción. Hace rato que se vienen tomando decisiones infantiles (con el debido respeto que merecen los niños), las que hacen previsibles a fenómenos como este. La inversión es cada vez más baja; los permisos asfixian proyectos relevantes, como Kimal-Lo Aguirre, que por sus miles de observaciones ambientales lleva tres años de atraso (y contando); los servicios complementarios tienen una regulación deficitaria; y se congelan las tarifas sabiendo que sus costos afectarían directamente al bolsillo familiar, ante lo cual el ministro Pardow quiso impulsar medidas de autocontención, lo que no es sino chutear la pelota para
el córner.
A los chilenos hay que hablarles como adultos. Lo vemos en la Megatoma de San Antonio, y lo vimos con el apagón. En lugar de indignarse ante esta situación, con una actitud de asamblea universitaria que les resultó en 2011, pero en 2024 agota, el gobierno debe tomar el toro por las astas. Las reacciones performáticas, sin trabajo serio, son contraproducentes y consolidan la desconfianza. ¿Habrá medida más inútil que subirse a un helicóptero para ver los efectos de un corte de electricidad… en plena luz del día? ¿Se puede ver desde el cielo los hospitales que necesitan generadores, si Metro restableció su funcionamiento, a las personas encerradas en ascensores de edificios, o los múltiples cortes de agua o caídas de servicios de telefonía que ocurrieron? Es como si en lugar de buscar más información para tomar mejores decisiones, conscientemente el Gobierno quisiera alejarse de ella. Los responsables deben pagar, sean privados o públicos. Pero un gobierno no debe indignarse ni amenazar inoficiosamente con hacer caducar empresas, sino gobernar: resolver, anticiparse, dar señales de tranquilidad, y sobre todo, transmitir que se comprende el problema de fondo: que revisarán la regulación, identificando fallas y proponiendo reformas sustantivas, para que estos eventos tengan una oposición resiliente, y así la vulnerabilidad no esté a la orden del día.
Cristián Stewart es director ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 27 de febrero.