El caso Convenios es, probablemente, el episodio más grave que ha experimentado este joven gobierno. Aunque varios eventos que bien podrían optar al podio, este caso de corrupción representa un golpe contra la pureza de las intenciones frenteamplistas, uno de los aspectos medulares que justificaron su nacimiento como coalición política.
Por eso, la doble negativa del jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, a declarar ante la Cámara de Diputados por este caso, es impresentable.
Crispi no es cualquier personaje en este cuento. Mientras era Subdere, envió un oficio a la gobernación de Antofagasta abogando por la fundación ProCultura para que se realizara un convenio entre ambas partes para la «recuperación de fachadas de zona de conservación histórica». La sugerencia de Crispi se basó en que ProCultura habría contado con «experiencia suficiente» para ejecutar el proyecto encomendado. Pero dado que esta fundación se dedicaba, más bien, a vender y editar libros, Crispi debe dar explicaciones como exigencia elemental. Quiera o no.
Pero hay más. El problema es más profundo que obviar la responsabilidad fundamental de dar cuenta de acciones que aparentemente riñen con la ética, y quizás con la ley. Lo que está en juego es la institucionalidad básica de nuestro país, pues la Cámara de Diputados tiene como mandato fundante ejercer un rol fiscalizador del gobierno. Desde que Crispi se resta (dos veces), se le impide ejercer a la Cámara su mandato constitucional, lo que daña aún más las ya alicaidas credenciales de legitimidad del Congreso Nacional. Y con ello, hace prevalecer el cálculo político y el autocuidado de sus espaldas por sobre uno de los supuestos más básicos de una democracia sana. Por eso, llama la atención que La Moneda no advierta que la pelea barata sobre si estaba o no obligado a acudir al Congreso al ser funcionario público «a honorarios» es una triquiñuela administrativa que queda fuera de juego.
Miguel Crispi es jefe de asesores de un Presidente cuyo gobierno enfrenta uno de los casos de corrupción que simbólicamente han penetrado más fuertemente en nuestra historia republicana. No se ve bien que se vea como que esconde información. No se ve bien que deje al Presidente con declaraciones incumplidas (fue el mismo Boric quien ha dicho sostenidamente que “se tiene que entregar toda la información” relativa a estos asuntos). No se ve bien que invoque razones de agenda para no acudir a, acaso, el único lugar donde debe estar: la institución política a cuyo cargo está la fiscalización de un gobierno investigado por casos de corrupción. No se ve bien, sobre todo, que se niegue a responder la pregunta que sigue abierta, sobre si el senador Latorre le informó o no a él sobre el caso, lo cual probablemente trasladaría los dardos al mismo Presidente.
Si es inocente, bien le vendría dar la cara. Sino, ¿qué oculta?
Cristián Stewart es Director Ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en el Diario La Segunda, el 12 de octubre.