La Dirección de Presupuestos (Dipres), bajo la conducción de Javiera Martínez, deja tres años marcados por decisiones polémicas y errores técnicos que han significado cuestionamientos en su rol como garante de la estabilidad fiscal. En 2022, se relajaron controles clave para la asignación de recursos públicos, facilitando transferencias a fundaciones sin experiencia comprobada. La eliminación de requisitos fundamentales –como la antigüedad mínima de dos años– derivó en escándalos como el «Caso Convenios», que reveló graves deficiencias en la fiscalización y administración de los fondos estatales.
El manejo presupuestario de 2023 reflejó un preocupante desequilibrio. Mientras el gasto en personal superó lo planificado, las inversiones públicas solo alcanzaron el 82% del presupuesto aprobado, el nivel más bajo registrado en años. Este desbalance priorizó el gasto corriente por sobre proyectos estratégicos, afectando el desarrollo de infraestructura clave y limitando las posibilidades de reactivación económica.
En paralelo, las metas fiscales resultaron demasiado optimistas y, en última instancia, inalcanzables. La repatriación de capitales, proyectada para recaudar US$660 millones, apenas alcanzó un 6% de esa cifra. El impuesto al lujo, que debía generar US$100 millones anuales, recaudó un 11% en 2023 y un 30% en 2024. Estas cifras evidencian fallas tanto en el diseño como en la implementación de estas medidas.
El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), crucial para enfrentar emergencias fiscales, se redujo un 51%, quedando en US$3.700 millones, su nivel más bajo en años. A esto se suma un desfase de US$4.400 millones en los ingresos fiscales proyectados para 2024, paralizando proyectos clave en regiones, municipios y hospitales, con un impacto directo en las comunidades.
El Consejo Fiscal Autónomo, entre otros expertos y ex autoridades, ha alertado sobre la creciente politización y pérdida de rigor técnico en una institución históricamente reconocida por su profesionalismo. Las críticas no solo apuntan a los errores en la ejecución fiscal, sino también subrayan la falta de autocrítica por parte de la actual administración.
De cara al cierre de este periodo, el desafío es monumental. No se trata sólo de prevenir nuevos errores, sino de recuperar la confianza en una institución clave para la estabilidad fiscal del país. Esto exige priorizar decisiones técnicas y responsables, dejando atrás las improvisaciones y los proyectos mal diseñados, para garantizar un manejo fiscal que responda con eficacia a las verdaderas necesidades de Chile y su gente.
Arnau Sarrà es investigador de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 07 de enero.