El proceso constitucional comienza su fin. Terminaron las votaciones, se disolvieron los órganos redactores, y el Presidente Boric convocó oficialmente al plebiscito del 17 de diciembre. Pero las cosas están lejos de aclararse.
Existe mucha confusión sobre qué votar ese día. El hastío acumulado, las elucubraciones sobre lo que podría (o no podría) pasar si gana la opción «En Contra», y las diferentes interpretaciones sobre los contenidos justifican dicha desorientación.
Dentro de los criterios disponibles para definir el voto, la pregunta «¿mejora el sistema político con la propuesta constitucional?» es quizás la más importante para marcar una preferencia en las urnas.
El sistema político es la parte del diseño institucional que, a través de instituciones, incentivos y contrapesos, permite la deliberación política de nuestras autoridades para construir acuerdos. Hay un consenso extendido de que es lo más relevante dentro de una constitución. Y a pesar de eso, nuestro sistema político pasa por una crisis mayúscula.
Nuestro sistema presidencial está muy debilitado, con presidentes cuyo capital político es cada vez más frágil, expuesto ante una ciudadanía más exigente. Asimismo, nuestro sistema electoral crea una fragmentación en el sistema de partidos que impide la colaboración e incentiva los bloqueos. Ejemplo de ello es lo ocurrido con la reforma de pensiones, que se ha consolidado como una promesa incumplida desde hace 15 años debido a la imposibilidad de alcanzar acuerdos. Eso se debe no (solo) a la calidad de los políticos, sino a los incentivos y las reglas de nuestro sistema político.
La propuesta constitucional se hace cargo de esta realidad. Entre otras cosas, le exige más votos a los partidos para tener representación en el Congreso. Castiga a los representantes que renuncian a su partido político con la cesación de su cargo, reduciendo la dispersión en las negociaciones. Y favorece la coordinación entre Congreso y poder Ejecutivo, acelerando la tramitación de los proyectos de ley.
Los críticos de la propuesta sostienen que la clave pasa por una cirugía mayor a los partidos políticos, y no por disminuir distritos o representantes. Aunque ubicar ahí el foco es correcto, dicha cirugía debe darse de manera amplia y paulatina. Esto es solo un primer paso. Es iluso pensar que dándole a los partidos más poder (como supone el sistema de listas cerradas) sin antes mejorarlos integralmente, las cosas mejorarán. Se trata de la institución más resistida por la ciudadanía, la con peor salud institucional y reputación, con menos respeto, etc. Y sobre todo, es iluso pensar que conviene rechazar la propuesta por su insuficiencia de cambios en el sistema político. Si ello ocurre, no habrá ningún cambio, pues quienes hoy están en el poder solo tienen incentivos para mantener —y no cambiar— un sistema que los favorece.
Cristián Stewart es Director Ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 9 de Noviembre.