La propuesta constitucional ha generado disímiles reacciones en la discusión pública. De las más llamativas es la actitud que ha mostrado el Gobierno en materia de seguridad.
Sus defensores la llaman «la Constitución de la seguridad», pues otorga un capítulo completo a esta materia y dota al Estado de herramientas hasta hoy inexistentes para combatir la inseguridad (como una Fiscalía Supraterritorial para perseguir al crimen organizado y al narcotráfico). Sus críticos le achacan inoperancia práctica, como la norma relativa a la expulsión en menor tiempo posible de los inmigrantes ilegales, o en la imposibilidad normativa de perseguir al narcotráfico. Mientras tanto, la crisis solo empeora, con autoridades que prometen inclemencia para perseguir delitos tan macabros como el asesinato a un niño de cinco años, pero se muestran incapaces de prevenir y dar justicia a casos como este. Y la bola de nieve crece y crece…
La agenda del Gobierno en este tema ha sido, ante todo, llamativa. Aunque parece haber tomado nota de la gravedad, ha decidido impulsar de antemano la implementación de la misma propuesta constitucional que critica y rechaza. Varias normas de la propuesta constitucional han sido anunciadas de diversas maneras por el Gobierno. Veamos.
La Defensoría de las Víctimas incorporada en la propuesta —rechazada por el oficialismo en la fallida Convención— fue anunciada como nuevo proyecto de ley por el Ejecutivo. En la misma línea, la semana pasada el Senado despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial descrita arriba, contemplada también en la propuesta. Más aún, la reciente Estrategia Nacional de Integridad Pública anunciada por el Presidente se condice con muchas de las normas de probidad del texto. Y lo mismo podría decirse del nuevo tono con que se busca enfrentar la inmigración ilegal, que con vehemencia asegura expulsión inmediata de los migrantes que no cumplan con la ley chilena.
Sorprende que el oficialismo critique el texto constitucional, y que a la vez recoja anticipadamente sus innovaciones. Esto se suma a otras incongruencias: ya no solo defiende la constitución de Pinochet, sino que llama abiertamente a votar en contra de un texto hecho en democracia; que consagra un Estado Social de Derecho; que amplifica los derechos sociales en cantidad y en exigibilidad; que reconoce a nuestros pueblos indígenas; que consagra un plan de salud universal y sin discriminación; y que reconoce el valor de los cuidados, entre otros elementos que hasta hace semanas ellos mismos celebraban como triunfos.
Quizás lo más honesto es reconocer que su diferencia no es con los contenidos del texto, sino con el sector político de sus redactores. Eso nos evitaría tanta discusión espuria y sin sentido, y a ellos la necesidad de inventar críticas infundadas al texto sólo para justificar su llamado a votar En Contra.
Cristián Stewart es Director Ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 7 de diciembre.