En el debate sobre la reforma de pensiones están circulando una serie de premisas y aseveraciones que, más que sumar, terminan por dañar el discernimiento ciudadano. “La reforma introduce la lógica de reparto al sistema”, “con la reforma se promoverá un mayor control estatal sobre el ahorro de los ciudadanos”, “el Estado se robará los ahorros de los trabajadores” “la centro derecha ha traicionado sus principios” son sólo algunos botones de muestra de afirmaciones —sin fundamento técnico ni político—, que menoscaban el debate serio y la altura de miras que éste tipo de discusiones demandan. En tiempos donde la inmediatez de la información es un elemento fuertemente arraigado en la interacción de los individuos, tales estrategias nocivas son pasto seco para la polarización y la erosión de la —ya muy dañada– cohesión social.
Vamos por parte. ¿Es el préstamo un mecanismo de reparto? En rigor, el reparto es un sistema que usa recursos de la fuerza laboral para pagar pensiones a los jubilados de hoy. El reparto no genera ahorro, por definición, sino que utiliza la cotización obligatoria de manera inmediata para subsidiar a quienes acceden a una pensión de vejez, sin retribución segura. Lo que hoy se propone en la reforma es, de hecho, antagónico al reparto.
El préstamo, en realidad llamado Cotización con Rentabilidad Protegida, no es otra cosa que ahorro individual del trabajador. Es, en efecto, una inversión que se hace por cuenta de los cotizantes, emitida mediante un título de deuda con garantía estatal y registrado en el Depósito Central de Valores. Su naturaleza procura resguardar y garantizar el pago de todo el dinero prestado, con sus respectivos reajustes e intereses. Se trata, por tanto, de una inversión de propiedad del trabajador, con carácter heredable, difícilmente asemejable a un esquema de reparto como el que proponía en un principio el ejecutivo.
En segunda instancia, los detractores de la reforma proceden a esbozar acusaciones hacia la centroderecha por querer llegar a un acuerdo en un asunto que lleva más de una década acumulando frustraciones. Pero acá no hay principios traicionados. Por el contrario, ha habido una protección irrestricta de la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, base fundamental que ha permitido que hoy se asome un posible acuerdo. La bajeza de este tipo de argumentos daña profundamente el debate político y dificulta el adecuado discernimiento de la ciudadanía.
Ciertamente, aunque puedan existir elementos urgentes de solucionar como la sostenibilidad fiscal de la reforma a mediano y largo plazo o su impacto en el mercado laboral –advertidos recientemente por el CFA–, la base de toda discusión en el plano político debe ser siempre la honestidad humana e intelectual. Lo que hacen, en cambio, las posiciones extremas, dice mucho más relación con una divulgación provocadora que roza con la demagogia, que responder a los desafíos que sí presenta la reforma previsional, aún por despejar. Y aunque las indicaciones introducidas han procurado atenerse a las advertencias de expertos (se han hecho numerosas modificaciones en los últimos días que atenúan los efectos nocivos) es importante también velar por la calidad del debate que se da a nivel ciudadano, pues de lo contrario, habremos acordado una reforma deslegitimada por sus mismos beneficiarios.
Juan Pablo Lira es investigador de IdeaPaís. Columna publicada en El Dínamo, el 23 de enero.