Hace algunos días, dirigentes políticos como Hugo Gutiérrez, Daniel Jadue y Luis Mesina, lanzaron la campaña “Chile vota en contra” de la nueva Constitución. Así también, ciertos académicos han manifestado su incomodidad respecto del rumbo que va tomando el proyecto. Por ejemplo, Miriam Henríquez recientemente sostuvo que detrás de las enmiendas republicanas sobre el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, la heredabilidad de los fondos de pensiones o elegir el sistema de salud se esconde peligrosamente la pretensión identitaria. En la misma línea, Carlos Ominami señaló que las líneas rojas para su sector están siendo amenazadas: derechos sexuales y reproductivos, supremacía de los tratados internacionales, y el agua como bien público. También cabe recordar las palabras de Michelle Bachelet, quien se mostró muy conforme con el anteproyecto de los expertos, pero expresó sus dudas sobre el curso actual del proceso.
Es claro que el proceso genera inquietud en las distintas sensibilidades. Salvo la excepción de ciertos grupos, hay claridad que estamos ante una oportunidad única para cerrar el proceso y lograr las soluciones necesarias para dar gobernabilidad a nuestro país. Lo cual exige, por el bien del país, alcanzar acuerdos necesarios para no farrearnos esta oportunidad.
Así las cosas, es imperante que los distintos actores asuman con responsabilidad los desafíos que se les presentan. Por una parte, es fundamental que Republicanos evite hacer de esta propuesta una Constitución partisana. Una señal clara, por ejemplo, será la apertura a discutir, en serio, algunas de sus enmiendas más controvertidas como las relativas a la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y aquella que podría hacer retroceder el aborto en tres causales.
Por otro lado, la izquierda, no está exenta de responsabilidad en este asunto. Ellos también deben ceder frente a sus pretensiones más identitarias. Discutir el derecho preferente de los padres, en circunstancias que constituye un derecho consagrado en los tratados internacionales y también parte de las 12 bases constitucionales. Así como pretender que Republicanos modifique su redacción respecto de la protección del no nacido, por una que consagre los derechos reproductivos de las mujeres, no aportan precisamente al ánimo de amistad cívica que debe imperar en ambas partes.
A pesar de que aún queda agua por correr, es posible rescatar el trabajo que hasta ahora se ha logrado y que preparan una buena base, (por supuesto sujeta a que el ánimo que impere en adelante sea el de acuerdos y no pisoteos). En efecto, incluso de aprobarse ciertas enmiendas, los articulados relacionados a las materias establecidas en las doce bases constitucionales -que son garantía de transversalidad- mantienen sus aspectos fundamentales. La consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, la servicialidad del Estado, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, el derecho a la vivienda, la cultura y la propiedad, el reconocimiento de derechos de niños niñas y adolescentes así como el de los pueblos originarios y la interculturalidad.
El desafío es no caer en la tentación de querer pasar a llevar estos acuerdos transversales ni darse gustitos -aunque sean cosméticos- para mostrar quién tiene la manija del asunto.
Una mala señal, sería por de pronto, querer matizar lo que es el Estado Social y Democrático. de forma que pase casi desapercibido en el articulado del artículo primero, o que se quieran eliminar sus principios orientadores o las acciones para hacer efectivos los derechos sociales.
Chile no se permite otro fracaso y es responsabilidad de todos los colores políticos ponerse a disposición del bien del país, logrando un texto- quizás más humilde que el esperado- pero que pueda ser la base política y social que habilite la solución de nuestros problemas políticos y sociales en el largo plazo.
Magdalena Vergara, Directora de Estudios de IdeaPaís, columna publicada por el diario El Líbero en su edición 23 de agosto.