Hace un tiempo en un congreso con escolares donde se conversaba sobre el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos una alumna preguntó qué pasaba si a ella no le gustaba el colegio que eligieron sus padres, porque es católico y ella atea.
La pregunta de la alumna, lejos de ser mera expresión de rebeldía adolescente, es reflejo de un profundo cuestionamiento del sentido de autoridad que se manifiesta de manera especial al interior de las escuelas -en la relación de los estudiantes con sus profesores-, pero también, y cada vez más, al interior de las familias, entre padres e hijos.
En un seminario del Centro de Estudios Públicos sobre autoridad y escuela, Kathya Araujo y José Joaquín Brunner, abordaron esta problemática dando cuenta de su especial relevancia. La académica expuso las tensiones y conflictos fruto de este cuestionamiento, que confunde autoridad con autoritarismo, y que se entrelaza con otras corrientes, que tienen que ver con procesos de mayor autonomía, igualdad y de horizontalidad en las relaciones, cuestión que algunos promueven como parte del proceso de profundización democrática.
Ambos exponentes plantearon la preocupación respecto de las consecuencias que esto tiene dentro del proceso formativo de los jóvenes. En efecto, la educación no es posible sin autoridad, pues se trata de una relación necesariamente asimétrica, donde una persona de mayor sabiduría y conocimiento -el profesor- busca transmitir esos saberes y experiencias a sus estudiantes para que sean adquiridos por éstos. Sin jerarquía docente el profesor o profesora desaparecía, sostenía Brunner citando a Hannah Arendt. Por su parte, Araujo enfatizó la relevancia de la autoridad tanto para la transmisión del saber como para tener una experiencia formativa y ejemplificadora sobre el ejercicio mismo del poder (distinto al autoritarismo), que se puede encontrar en primer lugar en los padres y luego en los profesores.
Estos fenómenos -que en última instancia buscan la democratización de la familia-, se manifiestan en parte, en una búsqueda de mayor consagración de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), que hoy se hace presente en el debate constitucional. En efecto, entre las enmiendas que se presentaron al anteproyecto, aparecen iniciativas como la consagración de la autonomía progresiva del niño, el libre desarrollo a la personalidad, el derecho a ser escuchado dentro de las decisiones familiares y en la elección del colegio al cual asistirá.
Al respecto, son posibles varias preguntas. En primer lugar, si es este proceso constitucional el lugar adecuado para discutir sobre estos fenómenos. Difícilmente en los cuatro meses de trabajo del Consejo, se podrán abordar con la profundidad y seriedad que merecen, por lo mismo es tierra fértil para que se haga una simplificación del asunto, llevándolo a un supuesto conflicto de niños versus adultos, donde todo aquel que cuestione estas enmiendas, sea etiquetado como contrario a los derechos del niño, perpetuando situaciones de vulneración. Sin duda el tema es más complejo que ello, y discutirlo, en nada obsta a buscar soluciones efectivas para situaciones de vulneración de los derechos de NNA, así como tampoco de reflexionar sobre los modelos de aprendizaje y enseñanza. En segundo lugar, procesos como estos, requieren ser vividos por la ciudadanía y no se puede pretender zanjar o imponer desde arriba, en especial, cuando poco sabemos de las consecuencias que de ello se derivan y que pueden terminar debilitando aún más instituciones fundamentales como la familia y la escuela.
Magdalena Vergara, Directora de Estudios de IdeaPaís, columna publicada por medio El Líbero en el 26 de julio.