Jamás pensaron los autores intelectuales de los indultos la pesadilla moderna que estaban creando. Aunque el Tribunal Constitucional apaciguó las aguas jurídicamente, la trama probablemente seguirá latente. Es que la falta de criterio que ha mostrado el Gobierno en la materia ha sido excesiva. El problema nunca fue jurídico: es político y de sentido común.
El último capítulo que revivió la discusión fue el de los antecedentes. ¿Tuvo Boric a la vista toda la información necesaria para tomar una decisión tan delicada? No lo sabemos, y los ministros han consolidado nuestra confusión.
Por un lado, la ministra Vallejo —en unas controvertidas declaraciones— señaló hace dos meses que si hubieran tenido «todos los antecedentes, la situación [de los indultos] habría sido distinta». Es decir, de haber conocido los antecedentes penales previos de algunos delincuentes indultados, probablemente se habrían abstenido de indultar a varios de ellos. Vallejo intervino para calmar la polémica que el Presidente Boric había desatado días antes, al sostener que estaba convencido de que algunos indultados “no son delincuentes”, y que otros habrían sido encarcelados en procesos irregulares. Pero en lugar de calma, trajo más inquietud.
Por otro lado, hace pocos días, poco antes del fallo del Tribunal Constitucional, tanto el subsecretario Monsalve como el ministro de Justicia, Luis Cordero, contradijeron a Vallejo, asegurando que Boric sí tuvo a la vista los antecedentes necesarios para indultar.
La situación es, al menos, desconcertante. La pregunta no requiere tantos esfuerzos para ser respondida de manera consistente. ¿Se tuvieron todos los antecedentes a la vista o no? Es esperable y exigible que la autoridad pública transmita con total claridad algo tan elemental, respecto de un asunto que evidentemente generaría tensiones.
Si no se conocía la información relevante, el error es grotesco. Los antecedentes son la base de cualquier debate, sin la cual toda discusión es inconducente. No tenerlos en cuenta, y adoptar decisiones a pesar de ello, transforman a esas decisiones en medidas arbitrarias y caprichosas, lo que desde el Estado de Derecho podría contravenir la ley. Se trata, en suma, de la base de todo aquello que un Gobierno debe hacer, razón por lo cual esta «desprolijidad» debe ser resuelta con la mayor seriedad y claridad posible.
Pero si se tuvieron a la vista, el error es peor. Significa que su criterio es errático, y su actuación permite ser juzgada como arbitraria sin tanta vuelta. Si conocían del prontuario de todos los indultados, ¿en qué sentido su liberación trae «paz social»? La señal es muy confusa. En lugar de “perseguir a los delincuentes como perros”, se libera a los últimos que debieran ser indultados: presos que vulneraron la democracia de todos, y ninguno precisamente por razones humanitarias. Para colmo, la exministra Marcela Ríos habría salido justamente porque no informó debidamente los detalles relevantes. De haber tenido Boric los antecedentes, Ríos salió por errores de terceros bajo el manto de una mentira.
Pero lo más lamentable es que una autoridad mintió. Por un viejo principio sabemos que no es posible conocer y no conocer una cosa, al mismo tiempo y en el mismo sentido. O se contaba con los antecedentes, o no se contaba. O mintió la ministra en enero, o mintieron los ministros en marzo. No cabe una tercera opción.
Los efectos de esta nueva arista del caso «Indultos» son especialmente dañinos. La sostenida falta de criterio en la materia —indultar a personas de la primera línea de Octubre, sacar a una ministra por razones que no cuadran, cuestionar decisiones judiciales, contravenir informes de Gendarmería y transmitir información contradictoria— tiene costos que todos pagamos, pues pone aún más cuesta arriba la apremiante necesidad ciudadana por mayor seguridad pública. Y por cierto, socava aún más la horadada confianza en la autoridad pública.
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Cristián Stewart, director ejecutivo IdeaPaís, publicada por La Tercera en la edición del 24 de marzo de 2023