De los creadores de una educación sin patines, llega una educación sin pedales. Así lo decretó la Superintendenta de Educación (S) al instruir que no se podría sancionar a los alumnos con la expulsión o suspensión de matrícula en caso de deudas.
Es cierto que, en Chile desde la ley de inclusión, en la mayoría de los colegios no existe el copago: en lugar de priorizar tener proyectos educativos públicos de buena calidad para atraer a todos los grupos de la población, el Estado prefirió entonces terminar con la segregación que supuestamente producía el copago, eliminándolo. De hecho, tal como señaló el Senador Insulza en la tramitación de una pasada Ley de Presupuesto, se trata de la causa de la baja calidad de la educación: más recursos del Estado en proyectos particulares y menos para los del Estado (y no deja de tener un punto).
Algunos años después nos enteramos de que la calidad seguía siendo una promesa incumplida y que la medida tampoco disminuyó la segregación (Elacqua & Kutscher, 2023). Sin embargo, un pequeño número de proyectos (un poco más del 6%) se mantuvo con esta modalidad dada la preferencia que tenían las familias por éstos, y dado también que el Estado era incapaz de entregar los recursos necesarios para que dichos proyectos educativos se mantuvieran. En efecto, uno de los artículos transitorios de la ley de inclusión señaló que dichos establecimientos podrían seguir afectos al financiamiento compartido hasta el año escolar en el cual el copago igualara el aporte por gratuidad, situación que el Ministerio de Educación anualmente debe revisar.
Por lo visto, la Superintendencia, avalada por el Ministro Cataldo, decidió mantener la bicicleta, pero quitar los pedales vía dictamen: dado que el financiamiento suficiente no ha llegado para ese 6%, se prohibió la expulsión de alumnos por deuda, incentivando —tal como ocurrió con el CAE— el no pago, y con ello el fin de dichos proyectos educativos. ¿Por qué pagar si otros no pagan? El proyecto educativo verá mermados sus recursos y bajará de calidad, pasando a formar parte del gran conjunto de establecimientos indiferenciables entre sí. No está de más recordar que la diversidad y autonomía que abrazan este gobierno, ciertamente no son las de los proyectos educativos.
Esto que parece casi trivial por sólo alcanzar a un número acotado de alumnos, se inserta dentro de la lógica estatista de la educación que propagan comunistas y Frente Amplio y que vendieron al país como educación de calidad. Hoy esa cualidad ya no se menciona, pero las ansias de control respecto a los establecimientos escolares y universitarios crecen diariamente y sólo quedan 5 meses para lograrlo.
Así, a la ya conocida limitación de autonomía de los colegios, se suma la de los establecimientos de educación superior vía un nuevo mecanismo de financiamiento estatal (FES) que, más allá de los nuevos inconvenientes que genera a los estudiantes, produce una gran cantidad de amarras para los planteles. A su vez, en el proyecto de ley de convivencia escolar que se tramita actualmente en el Congreso, el Ejecutivo ha incluido una indicación para prohibir la expulsión a los alumnos de educación básica por mal comportamiento, limitando aún más la autoridad de docentes y directivos.
En conclusión, si el Estado no puede contra la preferencia de los padres por educación particular subvencionada, aunque sea más cara; si añora la calidad de las universidades no estatales, pero no sabe cómo conseguirla; y si no sabe cómo controlar la violencia en sus propios planteles, no queda otra opción que nivelar hacia abajo: bicicleta sí, pero sin pedales.
Francisca Figueroa es investigadora en la dirección de estudios de IdeaPaís. Columna publicada en El Líbero, el 06 de septiembre