Ayer se conoció el proyecto de reforma constitucional que materializa el «Acuerdo por Chile», que fija el itinerario para continuar con el proceso constituyente. Con ello, el debate se traslada formalmente al Congreso, con una dificultad que ya conocemos: partidos del oficialismo —Comunes y el PC— advirtieron su disconformidad con el Acuerdo, y los primeros adelantaron incluso que pretenden modificar su contenido (“hacer mejoras”) en la discusión en el Congreso.
El Acuerdo es positivo para Chile, tanto en cuanto acuerdo y como por su contenido. Con él, la idea de Ricardo Lagos de que la discusión política de nuestro país debe ser «desde» la Constitución y no «acerca» de ella, comienza a tomar forma. Además, se reivindica la legitimidad del Congreso como órgano democrático y poseedor del poder constituyente derivado. Pero llegar al Acuerdo tuvo dificultades que es fundamental poner de relieve.
Los 100 días de negociación que se necesitaron para que viera la luz nos confirman que tomar acuerdos en política no es fácil. Implica poner en discusión factores electorales, ideológicos y simbólicos, cuya combinación no siempre termina con un final feliz. Por lo mismo, es valioso que se haya llegado a puerto con la firma de casi todas las fuerzas políticas, lo que da cuenta de que sigue existiendo la capacidad (cada vez menos obvia) de canalizar las diferencias políticas a través de la institucionalidad. Y por lo mismo, es preocupante que acto seguido de cerrar el proceso de negociación se instale un manto de dudas sobre su cumplimiento fidedigno.
Para que el Acuerdo deje de ser noticia, y pasemos definitivamente a otra etapa, deben tomarse todos los resguardos para evitar que se cambien las reglas del juego en el camino. Esto ya pasó luego del acuerdo constitucional del 15N. Entre otras cosas, se introdujo en aquella discusión en el Congreso la posibilidad de que los independientes compitieran en igualdad de condiciones que los partidos políticos, lo que no estaba en el acuerdo de noviembre.
Romper con la palabra empeñada modificando las reglas expost no solo denigra a quien incurre en esa falta y pone en jaque a la ya golpeada legitimidad del proceso, sino que tiene efectos prácticos: todos sabemos la distorsión que esto generó en las elecciones de constituyentes, y cómo la pretendida pureza de los independientes colaboró al fracaso posterior de la elección.
Es crucial que no pisemos nuevamente la misma piedra. La opinión pública debe ser implacable al exigir que se cumpla el Acuerdo sin trampas ni recursos distorsionadores. Los acuerdos políticos son frágiles si no se les cuida con mucha dedicación. Aprender de la experiencia reciente implica no solo no partir desde una hoja en blanco o reconocer el valor de la técnica en la discusión, sino también cumplir —desde los inicios— con los compromisos adquiridos.
Cristian Stewart, Director Ejecutivo de IdeaPaís, publicada por diario La Segunda en la edición del 22 de diciembre de 2022