¿Cómo lograr altos niveles de desarrollo que beneficien a todos? Entre otras, esta es una pregunta central que acompañará la discusión constitucional que comienza nuevamente en marzo. Definir a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, pretende en parte avanzar hacia ese objetivo. De esta manera entrega al Estado un rol activo tanto en el respeto y defensa de las libertades de las personas, especialmente en su libre asociación – por ello es democrático- pero también en otorgar ciertos bienes para garantizar condiciones de vida que permitan además el ejercicio de esa libertad – su aspecto social-. Con todo, no se trata sólo de acción u omisión del Estado, sino que somos todos – personas y grupos intermedios-, los obligados a perseguirlo.
La pregunta es cómo lograrlo sin generar un gran Estado administrador o asistencialista, lo que parece ser el anhelo de unos y al mismo tiempo el temor que tenemos otros, temor que en todo caso no puede convertirse en una nueva defensa férrea del status quo. Usemos a la educación como ejemplo para responder esa pregunta en la práctica.
Si bien son los padres quienes tiene el derecho preferente de elegir la educación de sus hijos, y por tanto las escuelas en delegación de los primeros, el Estado no puede mantenerse ajeno. Es garante del derecho de ese niño a recibir una educación de calidad, del derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos y de la libertad de asociación que permite a la sociedad civil colaborar en su satisfacción. Frente a estos la única solución posible, no puede ser ponderar unos por sobre otros, como plantean algunos.
En consecuencia, el rol del Estado no se agota en intervenir creando escuelas estatales cuando los privados no logran satisfacer el derecho por sí solos. Debe asegurarse, por una parte, que las escuelas cumplan con sus respectivas responsabilidades, por ejemplo, a través de un currículum mínimo de aprendizaje, buscando asegurar que todos los niños reciban una educación de calidad. Así también, promover condiciones mínimas familiares para que puedan ejercer su derecho preferente, así como tener las herramientas para elegir adecuadamente, lo que se juega en la diversidad de proyectos educativos. En este sentido, no basta con repetir como mantra la defensa de la libertad de enseñanza, debemos hacernos cargo de asegurar las condiciones que lo hagan posible asegurando su calidad.
Sin embargo, esta dimensión si bien orienta la legislación, no logra por sí misma solucionar los múltiples problemas que afectan a nuestro sistema.
Surge aquí una segunda arista del Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene que ver con cómo se piensa la institucionalidad, de manera de proveer y gestionar adecuadamente los derechos y políticas públicas que los materializan. Un punto relevante de la discusión serán los necesarios cambios en el sistema político de manera de generar la capacidad de acción para hacerse cargo de los desafíos y problemas que surgen ante sociedades más complejas y modernas, pero también frente a las deficiencias. Un diagnóstico compartido hoy, es la incapacidad de acuerdos y por tanto de legislación, que afecta también en materias educativas. Basta nombrar kínder obligatorio, sala cuna universal, el CAE o la subvención de reingreso, para dar cuenta que hoy no existen incentivos para resolver las diferencias provocando discusiones eternas que terminan con proyectos dormidos en el Congreso, generando además otras externalidades, como la judicialización de los derechos, pues a las personas no les queda otra que acudir a la justicia frente a la incapacidad del Estado. Definir responsabilidades y obligaciones de legislar, junto con la consagración clara del derecho que marque un horizonte de acción, puede ser un camino de solución.
Nuevamente, todo esto requiere de pactos políticos fundamentales. Un primer paso ha sido la definición de Estado Social y Democrático de Derecho, mientras que el segundo debe ser darle un contenido explícito para una provisión efectiva de derechos que permitan el ejercicio de nuestra libertad, y el tercero un compromiso de la sociedad civil en la construcción del contenido de este nuevo Estado Social.
Magdalena Vergara, directora de estudios de IdeaPaís, publicada por diario La Segunda en la edición del 16 de febrero de 2023