¿Es la propuesta constitucional (ya oficial) un programa de derechas? La respuesta no es evidente. Ella establece una cláusula de Estado social y democrático de derecho. Consagra nuevos derechos sociales —con desarrollo progresivo y sujeto a la responsabilidad fiscal—: derecho a la vivienda adecuada, al trabajo decente, a la cultura, y derecho al agua y al saneamiento. Crea un plan universal de salud, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, ofrecido por instituciones públicas y privadas. Protege el medio ambiente y la biodiversidad. Reconoce el deber del Estado sobre los cuidados. Prohíbe la discriminación arbitraria salarial entre hombres y mujeres, e incorpora una paridad flexible y transitoria para las dos primeras elecciones. Parece al menos desafiante responder afirmativamente la pregunta sin hacerse cargo de estos puntos.
¿Resuelve el malestar social? Abordar los problemas sociales ciertamente no es función de una Constitución, pero sí lo es crear arreglos institucionales que faciliten acuerdos en asuntos cruciales (pensiones, por ejemplo), y promover que sus protagonistas sean las personas adecuadas. Y en esto —acaso el rol más relevante de una Constitución— la propuesta es un avance por todos reconocido.
Por un lado, moderniza el Estado, con reglas claras para la contratación, promoción y cese de funciones del empleo público, privilegiando la transparencia en los procesos, y el mérito e idoneidad para el cargo por sobre afinidades políticas. Y por otro, ofrece agilidad de los procesos legislativos, sancionando a quienes dilaten las votaciones de proyectos «urgentes». Además, establece un umbral electoral de 5% como requisito para la existencia de partidos políticos. Hoy hay más de 20 partidos políticos en el Congreso, un exceso que nos tiene atascados en discusiones estériles. La propuesta, por último, promueve partidos robustos, castiga a los llaneros solitarios y achica los distritos. Todo esto tiene como objetivo reducir la fragmentación producida por partidos cuyo negocio es tener cuotas mezquinas de poder, que traban la pelota y agregan cero valor al bien común.
¿Es una propuesta perfecta? No. Nada así ha salido del ser humano. Ella tiene desafíos internos y expectativas que deben ser ajustadas. Además, no sabemos cómo se interpretarán ni cómo se implementarán sus normas. Por eso mismo, la propuesta establece quórums de reforma de 3/5, evitando «cerrojos» y facilitando que las mayorías respondan sensiblemente a los problemas que surjan en el camino.
Quienes tienen dudas honestas porque la propuesta fue parida por personas que no creían en este proceso, o porque el nivel de diálogo no fue el esperado, deben evitar —con la misma honestidad— confundir eso con la propuesta final. En otras palabras, deben evitar comprarse motes sobre sus contenidos sin mayor resistencia, o sin responder preguntas como estas.
Cristián Stewart es Director Ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 31 de octubre.