La violencia escolar es un problema que tiene a los establecimientos educacionales del mundo impedidos de avanzar en aprendizajes, preocupados por la salud mental de los alumnos y profesores, y con serias dificultades en la consecución de profesionales docentes.
Según datos del Banco Mundial, la violencia escolar tiene como consecuencias entre los estudiantes secundarios dificultades para dormir, pérdida de clases, consideración de suicidio, aumento de relaciones sexuales, y consumo de alcohol, tabaco y drogas[1].
A esto se suman los estragos causados por la pandemia en la salud mental y en la forma en que los niños actualmente se relacionan. Estos no sólo quedaron aislados de sus pares por un periodo de tiempo demasiado largo, sino que además quedaron expuestos a un exceso de pantallas, siendo las redes sociales las más nocivas de todas ellas[2]. Tampoco se puede desconocer que el exceso de tiempo en encierro también exacerbó dinámicas de violencia intrafamiliar y mayor exposición de niños en situación de riesgo a abusos y maltratos[3].
En este escenario se inserta el proyecto de ley sobre convivencia escolar (Boletín N° 16901-04), ingresado en junio de este año y recientemente aprobado en general por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que dice buscar establecer normas claras sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Desgraciadamente, sabiendo que estos problemas son urgentes, el proyecto de ley yerra tanto en el diagnóstico como en las soluciones.
En cuanto al diagnóstico, el proyecto propone una mirada sesgada respecto de las causas que generan la violencia, pues considera que todo deriva de actos de discriminación. Así, se obliga a los establecimientos a incorporar dentro de sus reglamentos internos “la promoción del derecho a una vida libre de violencia, el respeto y reconocimiento a la diversidad de identidades por pertenencia a pueblos originarios, identidad sexoafectiva y de género, situación económica, social o familiar, embarazo, maternidad o paternidad, nacionalidad, estado migratorio, religión, opinión política, discapacidad, neurodivergencia, entre otros”[4]. Sin embargo, no se alude a otro tipo de causas o problemas de violencia que también ocurren en los establecimientos perjudicando a la seguridad física de una gran cantidad de alumnos como el daño a la infraestructura, el porte o uso de armas, entre otros. No hay duda de que debe combatirse toda forma de discriminación arbitraria, violencia y maltrato, sin embargo, promover que determinados estereotipos y prejuicios son su origen, limita hacerse cargo de la violencia con una mirada amplia e integral.
Por otra parte, el diagnóstico no sólo omite los problemas para ejercer la autoridad que experimentan hoy directivos y profesores, sino que refuerza su debilitamiento, ya que el proyecto señala que las relaciones entre toda la comunidad educativa deben ser democráticas[5], no quedando lugar para promover comportamientos respetuosos de las figuras de autoridad. A su vez, desconfía de la capacidad de los propios establecimientos para abordar los temas propios de su quehacer, llenándolos de protocolos que deberán cumplir, transformando las figuras de autoridad en meros implementadores de la actuación estatal[6] y obstaculizando la labor de sostenedores y directores al otorgar a los Consejos Escolares “un rol preponderante en los procesos de elaboración, actualización, difusión y apropiación del Plan de Gestión y reglamento interno”[7]. Hasta ahora el sostenedor era el único que podía otorgar esa preponderancia, de manera de poder salvaguardar el proyecto educativo y no quedar sujetos a mayorías circunstanciales, como sí propone el proyecto de ley.
En cuanto a las soluciones, uno de los puntos más críticos del proyecto es el aumento de la carga burocrática para las escuelas. Las recomendaciones que hacen investigaciones internacionales en torno a la mejor formar de abordar la violencia escolar, consideran que la mejor forma es establecer un marco general flexible a partir del cual los colegios puedan decidir las soluciones que se acomoden mejor a sus propias realidades educativas[8]. En forma contraria a esto, el proyecto de ley incorpora una serie de deberes para los establecimientos y sostenedores, estandarizando los procesos, sin atender las diversas realidades y situaciones de violencia. Así, además de potenciarse una mirada sancionadora y burocrática de la Superintendencia sobre las escuelas -en lugar de constituirse en entes estatales cooperadores de los establecimientos para enfrentar las situaciones de violencia-, se sobrecarga aún más al sistema educacional de exceso de regulación burocrática, cuando ya es sabido que es uno de los grandes males que aqueja al sistema[9].
Finalmente, el proyecto de ley no considera recursos ni herramientas para que los establecimientos puedan hacerse cargo del problema. El informe financiero sólo incluye gastos en funcionarios de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de la Calidad. Sin embargo, sólo en Antofagasta se entregaron hace unas semanas 300 millones para efectos de abordar la violencia escolar. Así también en la región de Los Ríos se implementó un plan regional llamado “Colegios + Seguros”, el que fue diseñado y liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Delegación Presidencial Regional, contando con el apoyo de la Seremi de Educación, Sernameg, Senda, Sename, Policía de Investigaciones, Carabineros y la Asociación Regional de Municipalidades. Estas son el tipo de medidas concretas que se requieren, pero la convicción del proyecto es que el mero cumplimiento de protocolos solucionará los graves problemas de violencia.
En conclusión, el proyecto de ley sobre convivencia escolar, si bien aborda un problema real de las comunidades educativas, falla en aspectos cruciales. Su diagnóstico se enfoca de manera limitada en la discriminación, sin considerar la amplitud y complejidad de las causas de la violencia, ni en las dificultades que enfrentan directivos y profesores para ejercer su autoridad. Por otra parte, las soluciones propuestas incrementan la carga burocrática pues se desconfía de la capacidad de las autoridades escolares para hacerse cargo de la gestión diaria de los establecimientos y no consideran las diversas realidades a las que se enfrentan. Finalmente, si el proyecto no entrega recursos ni herramientas para enfrentar efectivamente la violencia escolar, no habrá cambios efectivos. Si se quiere realmente contribuir a mejorar la convivencia escolar y enfrentar la violencia, es urgente reevaluar y ajustar el proyecto. (Santiago, 5 de agosto de 2024)
Francisca Figueroa es investigadora de IdeaPaís. Carta publicada en El Diario Constitucional, el 22 de julio.
[1] Wodon, et. al. (2021). Ending Violence in Schools: An Investment Case. Washington DC: Banco Mundial. Obtenido de https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/be641349-d30c-5624-81df-9eacb753daea
[2] Twenge, J. H. (2022). Specification curve analysis shows that social media use is linked to poor mental health, especially among girls. Acta Psychologica.
[3] Miller, T. W. (2023). School-related violence during the COVID-19 Pandemic. Disponible en https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-13134-9_8
[4] Boletín N° 16.901-04; art.16 E (b).
[5] Boletín N° 16.901-04; art.16 A.
[6] Boletín N° 16.901-04; art. 16 I, penúltimo inciso.
[7] Boletín N° 16.901-04, p. 11.
[8] National Institute of Justice (2020). A Comprehensive School Safety Framework Report to the Committees on Appropriations. Washington DC: U.S. Department of Justice.
[9] Ministerio de Educación (2018). Informe “Todos al Aula”. Disponible en https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/propuestas-todos-al-aula.pdf