En la tramitación del proyecto de ley sobre convivencia y violencia escolar, llama la atención el nuevo sentido sobre la autoridad que fundamenta la iniciativa del Ejecutivo. Si bien el proyecto de ley no considera este concepto en el articulado, durante la discusión en la Cámara quedó claro que no existe el propósito de facilitar su ejercicio por parte de los profesores y directivos, sino de reconfigurarla a través de la “legitimación mediante la participación democrática de la comunidad”, tal como señaló la Subsecretaria de Educación en más de una oportunidad.
Lo que preocupa es que esta afirmación está lejos de dar solución para permitir el ejercicio de la autoridad al interior de los colegios. Esto, porque el diagnóstico del Ejecutivo se construye sobre el supuesto de que lo que falta en la relación entre profesor y alumno es una mayor participación democrática de estos últimos para legitimar la labor de los docentes. Es decir, se parte de la base de que la autoridad docente se ha perdido o que su ejercicio se ha visto dificultado porque los mecanismos para legitimar la autoridad dentro de los colegios son supuestamente poco democráticos.
Sin embargo, esta intuición se aleja de la investigación disponible. En el ámbito nacional, por ejemplo, el sociólogo Pablo Neut ha planteado que la noción de autoridad en la escuela derivó de las propias características del orden sociocultural y familiar, siendo inicialmente, al igual que en las familias, incuestionable la autoridad de los maestros. En este sentido, si creemos que la autoridad requiere de participación para ser legitimada, ¿qué pensamos entonces de la autoridad de padres y madres al interior de las familias, fundamento de la autoridad de profesores en los colegios?
Por otro lado, resulta inútil para la valoración de la profesión docente pensar que su autoridad proviene de la participación democrática de los alumnos. ¿No debiera ser su calidad de expertos razón suficiente, tal como un médico respecto a su paciente, o un entrenador respecto al deportista? Tal como señala Kathya Araujo, el principal problema es que la autoridad ya no puede sostenerse únicamente a partir del lugar ocupado, sino que debe ser “ganada”. Lo que justamente hace la propuesta del Ejecutivo es reforzar el problema, pues si la autoridad del profesor requiere ser legitimada por una participación democrática del alumnado, es que dicha autoridad debe ser ganada y no sólo respetada por la calidad del rol que se detenta.
En el ámbito internacional, Haim Omer se ha dedicado a plantear nuevas formas de ejercer la autoridad pensando en una sociedad libre, pluralista, y cada vez más horizontal y poco jerárquica. No obstante, en ningún momento alude a la participación democrática de los estudiantes para su legitimación, sino a restaurarla mediante el apoyo de docentes, apoderados y personal administrativo. Esta mirada permite a su vez facilitar el ejercicio de autoridad por parte de los padres porque como el mismo autor señala, para reforzarla la sociedad debe volver a entregarles y reconocerles las herramientas, legitimidad y apoyo. De acuerdo a Omer, esta pérdida de legitimidad tiene su origen principalmente en la corriente psicológica ampliamente difundida a partir de la década del sesenta, que promovía una completa autonomía de los niños durante su desarrollo, argumentando que los niños debían crecer libres de demandas e imposiciones, evitando toda represión por parte de padres y profesores. Sin embargo, señala este autor, a partir de los años 80 muchos estudios evidenciaron que el desarrollo de los niños en completa permisividad traía como consecuencias una mayor tendencia al comportamiento violento, abandono de la escuela, uso de drogas, acciones delictivas y promiscuidad sexual, además de una baja autoestima.
En vistas de que estamos teniendo serios problemas de convivencia escolar, y que tal como señaló la última encuesta CEP, la primera prioridad en relación con la educación es controlar la violencia escolar, urge que el Ejecutivo reflexione sobre los supuestos de autoridad en los que construyó su diagnóstico sobre la convivencia educativa, porque aprobar un proyecto contra la violencia en los colegios que no permite avanzar en legitimar correctamente la autoridad del profesorado, sería un gran fracaso.
Francisca Figueroa es investigadora de IdeaPaís. Carta publicada en El Dínamo, el 2 de agosto.