Chile está envejeciendo y lo hace rápidamente: según estimaciones del INE, para el año 2050 se espera que el 32% de la población sea adulto mayor. El acelerado cambio en nuestra estructura demográfica, lejos de ser inocuo, tiene profundas implicancias sociales y económicas. Una población cada vez más envejecida demanda una institucionalidad capaz de garantizar condiciones óptimas para una vejez digna a costa de una población joven cada vez menor. Aun así, el debate sobre cómo anticipar el fenómeno demográfico ha girado casi exclusivamente en la necesidad de reformar nuestro sistema de seguridad social. Sin embargo —y sin ánimo de soslayar la relevancia de discutir las reformas de salud y pensiones— hay un elemento central que no ha tomado el protagonismo que merece en la discusión pública: la informalidad laboral.
El fenómeno de la informalidad tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad. Está suficientemente documentado que los trabajadores informales cuentan con mayores riesgos de caer en pobreza y de trabajar en condiciones de mayor precariedad. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre informalidad laboral y envejecimiento poblacional? La respuesta: no hay sistema de seguridad social que se sostenga en el tiempo mientras tres de cada diez trabajadores no coticen para su salud o pensión. A medida que aumenta el número de personas que alcanzan la edad de jubilación y se mantienen los niveles de informalidad, aumenta también la necesidad de un mayor gasto público que mantenga el sistema, poniendo en riesgo, por un lado, la sostenibilidad fiscal de las políticas sociales y, por otro, el bienestar futuro de los adultos mayores. A la pregunta anterior le sigue entonces una segunda interrogante: ¿cómo combatir la informalidad laboral? Hay tres factores a considerar: el elemento cultural, el sistema previsional y la desigualdad de género.
La «cultura de la informalidad» está muy arraigada en los jóvenes. En efecto, la tasa de informalidad en este grupo etario asciende a un 37%, esto es, 9 puntos mayor a la tasa nacional. Asimismo, de acuerdo a un estudio de la Asociación de AFP, el segmento juvenil es el que menos ve en la informalidad laboral un problema a resolver. Lo anterior contrasta con otro estudio, ahora del Ministerio de Hacienda, que constata que el 83% de los jóvenes que ingresa a un empleo formal opta por permanecer en la formalidad. En otras palabras, los jóvenes representan a un segmento altamente informal, que no pondera sus externalidades negativas, pero susceptible a permanecer en la formalidad una vez dentro. Esto vislumbra una oportunidad de política pública: urge robustecer mecanismos como el subsidio al empleo jóven, así como fortalecer la educación temprana y oportuna sobre estas materias.
Un segundo elemento a considerar es la relevancia de contar con un sistema de seguridad social que tenga incentivos suficientemente efectivos sobre la formalidad laboral. En ese sentido, es imperativo que cualquier reforma al sistema previsional considere los posibles efectos que puedan tener las modificaciones al pilar contributivo en la materia. Idear mecanismos que permitan conciliar ahorro con beneficios adicionales puede ser una forma de disuadir a aquellos que ven en la informalidad una alternativa atractiva y, al mismo tiempo, promover el tránsito de aquellas personas que no cotizan hacia el mercado laboral formal.
El tercer elemento a considerar es la estrecha relación entre las desigualdades de género y la informalidad laboral. Siendo las mujeres quienes asumen mayoritariamente las labores de cuidado, además de diseñar políticas que promuevan la corresponsabilidad en estas labores, urge avanzar en políticas laborales que permitan conciliar el trabajo formal femenino con la familia. En ese sentido, destrabar discusiones como la de Sala Cuna Universal o robustecer el postnatal masculino son medidas que apuntan directamente al fortalecimiento del empleo formal femenino. Pero, para lo anterior, debemos hacernos la difícil pregunta si no es necesario otorgar esas políticas solamente a los empleados formales.
Sin duda, el combate a la informalidad ha sido un tema de larga data en nuestro país. Así todo, dado el acelerado envejecimiento poblacional, desafíos como éste toman más relevancia que nunca. Y si bien las reformas al sistema de seguridad social son fundamentales para anticipar los efectos del cambio demográfico, su sostenibilidad yace en que promuevan oportunamente el trabajo formal y, en consecuencia, un mayor resguardo del bienestar futuro de los chilenos.
Juan Pablo Lira es Investigador de IdeaPaís. Columna publicada en El Dínamo, el 4 de abril.