El reciente plebiscito constitucional ha sido un evento trascendental que merece una reflexión profunda sobre su significado y consecuencias. Este proceso ofrece una oportunidad única para evaluar tanto los avances como los retos que enfrenta la sociedad chilena en su búsqueda de un camino político y social más estable y justo.
Es importante, en primer lugar, reconocer el compromiso institucional de Chile en este proceso. A pesar de los desafíos y las dificultades inherentes, el país demostró una notable capacidad para manejar sus asuntos internos de manera democrática y ordenada. Este segundo proceso, diferenciado de su predecesor en varios aspectos clave, incorporó mejoras sustanciales como la inclusión de expertos y la definición de reglas más claras y equilibradas como fueron las 12 bases, lo cual es un testimonio de la madurez política y la voluntad de aprender de experiencias previas.
Asimismo, este proceso ha sido un catalizador para una movilización ciudadana y un debate público dignos de ser valorados. Más allá del resultado en sí, fomentó una discusión participativa en todos los estratos de la sociedad, desde académicos hasta ciudadanos comunes, pasando por organizaciones sociales y empresariales. Este fenómeno refleja una vitalidad democrática y un compromiso cívico que deben ser valorados y preservados.
El plebiscito también reveló algunas fisuras importantes en el tejido social y político de Chile. Una de ellas es la creciente distancia entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Este alejamiento, evidenciado en el escepticismo y la fatiga hacia las propuestas políticas y los procesos electorales, plantea un desafío crucial para la clase política: renovar su compromiso con la ciudadanía y fomentar una cultura política más concreta y transparente.
Además, el plebiscito ha subrayado la problemática de la polarización política en Chile. Durante ambos procesos, vimos cómo dos diferentes sectores políticos han fallado en trascender sus agendas particulares en favor de acuerdos más amplios. Esta polarización, alimentada por estrategias de confrontación y a veces exacerbada por la propagación de información falsa, ha dificultado la construcción de consensos y ha enturbiado el debate público.
Mirando hacia el futuro, uno de los retos más importantes que enfrenta Chile es el fortalecimiento de su marco constitucional. La actual Constitución, aunque legitimada con creces por el desenlace electoral de ambos procesos, enfrenta críticas y desafíos que necesitan ser abordados para reafirmar su posición como piedra angular del orden institucional del país. Este esfuerzo requiere un compromiso serio por parte de todos los actores políticos y sociales, buscando no solo preservar la estabilidad sino también promover la justicia y la equidad.
El desafío más grande para Chile en este momento es reconstruir la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones. Esto implica abordar con urgencia y efectividad problemas como la seguridad ciudadana, la sostenibilidad y eficacia de nuestro sistema de salud, los desafíos económicos y la reforma de las pensiones y para lo anterior, es fundamental renovar nuestro sistema político híper fragmentado. La solución no radica en extremos ideológicos, sino en la búsqueda de acuerdos pragmáticos y soluciones sostenibles que respondan a las necesidades reales de la población.
En conclusión, el desenlace que tuvo el proceso constituyente de los últimos cuatro años es un reflejo de un país en un momento crucial de su historia democrática. Representa tanto un avance en la capacidad de gestión política como un recordatorio de los desafíos persistentes en la relación entre la ciudadanía y sus representantes, y en la búsqueda de un consenso más amplio y representativo. El camino hacia adelante requiere de un compromiso renovado con los valores democráticos y un esfuerzo concertado para abordar las preocupaciones y aspiraciones de todos los chilenos.
Cristián Loewe, es Vicepresidente ejecutivo de IdeaPaís. Carta publicada en Cooperativa, el 26 de diciembre.