La reforma previsional no ve la luz y difícilmente lo hará sin antes producirse un cambio de rumbo que acerque posiciones. Y es que, por un lado, tenemos a un gobierno que insiste —con tintes obsesivos— en la fórmula del reparto, soslayando la multiplicidad de advertencias que han levantado los expertos. Por su parte, tenemos una oposición —o al menos parte de ella— que insiste en que no apoyarán mecanismo de solidaridad alguno que no provenga de impuestos generales, aludiendo a la idea de hacer uso de instrumentos como la PGU para mejorar los ingresos de los actuales y futuros pensionados.
Ciertamente, con la incorporación de la PGU al pilar solidario, se mejoró en forma considerable la condición económica de la población en edad de jubilar. El impacto de esta política pública ha sido tal, que su efecto ha incidido en la proporción de personas que se encuentran en situación de pobreza, reduciendo el porcentaje de pobres en 2,4 puntos para el grupo de adultos mayores en edad de jubilar, y elevando las tasas de reemplazo en 8 puntos porcentuales (Casen, 2022; OCDE, 2023). Por tanto, pretender incrementar la PGU con responsabilidad fiscal pareciera ser el camino adecuado para mejorar los ingresos de los actuales jubilados. No obstante, este instrumento no tiene por finalidad corregir brechas e inequidades subyacentes al sistema previsional chileno. Brechas salariales —por deciles y género—, así como la casi inexistente densidad de cotización de personas dependientes y sus cuidadores son algunas de las premuras que nuestro sistema de seguridad social debiese, a todas luces, atender.
Ahora bien, incorporar solidaridad al sistema previsional no pasa necesariamente por instalar mecanismos de reparto que sacrifican ahorro, añaden presión fiscal y son insostenibles ante los cambios demográficos que experimentamos como sociedad. ¿Cómo avanzar, entonces, hacia mecanismos de solidaridad, sin caer en la errática idea del reparto ni cargar la mano irresponsablemente al pilar solidario? Una alternativa plausible es la solidaridad intrageneracional. Este mecanismo consiste en una redistribución instantánea y equitativa de parte de la cotización del pilar contributivo a las cuentas individuales de los trabajadores formales. Su implementación tiene múltiples bondades, como el aumento en las pensiones autofinanciadas, mayores incentivos a la formalidad y, más relevante aún, la incorporación de mecanismos de solidaridad que emparejan la cancha para con quienes hoy se encuentran desaventajados (Lorca, 2023).
Mecanismos de este tipo, solidarios, responsables, de bajo costo y fácil implementación, podrían representar una alternativa que acerque en forma definitiva posiciones entre las partes. Pero para ello, se requiere de una disposición distinta, de tomadores de decisión capaces de sacrificar capital político con tal de anteponer los acuerdos y, por tanto, el bienestar de la población, por sobre las banderas ideológicas y las promesas de campaña.
Juan Pablo Lira, es Investigador de IdeaPaís. Columna publicada en El Dínamo, el 10 de enero.