El aumento al presupuesto de cuidados es una buena noticia. Tozudamente hemos planteado la trascendencia del cuidado en el ser humano, pero llama la atención que sea este gobierno el que recoja el guante y no la derecha que, siguiendo sus banderas y bases doctrinarias, debieran liderar este tema pero que no parecen ser tomadas suficientemente en serio para que pasen de la mera intención a la acción.
Múltiples son las razones por las que los cuidados deben constituir una agenda política, social y estatal robusta y transversal. Dos de ellas, en teoría, permanecen en el corazón de la propuesta doctrinaria de la derecha. La primera dice relación con la principal bandera de lucha del sector: la familia. Aquella institución –la más antigua, por cierto– en la que se funda nuestra vida en comunidad, insustituible por las dinámicas que ahí se generan y que merece especial protección por la aguda crisis que atraviesa. En concreto, las funciones de la familia están asociadas a la crianza y socialización de los hijos y a la asistencia de todos los miembros que la requieran. Así, el cuidado es una manifestación de estos deberes propios de la familia al ser ella quien mejor conoce las necesidades y vulnerabilidades de sus miembros. Por ende, defender a la familia implica defender que puedan realizar su más natural función en condiciones adecuadas.
La segunda razón –que se desprende de la primera– también está vinculada a un planteamiento insigne de la derecha: el malentendido principio de subsidiariedad. Aquel criterio de justicia se funda en la premisa de que la realización de las distintas comunidades supone que estos puedan asumir sus propias responsabilidades. Cuando el Estado advierte que los particulares no cumplen sus responsabilidades tiene el deber de asistirlos. Con esto, ¿qué dato sobre la realidad de las familias chilenas estaría faltando para convencernos de que no están pudiendo cuidar de sus miembros sin desmedro de su bienestar?
Resulta inequívoca la necesidad de un mayor involucramiento del Estado en el apoyo a las familias en la realización de aquello que ineludiblemente es su primera responsabilidad. Aún así, resulta paradójico que sea este gobierno –que se contraría con la familia y sobre todo, con las lógicas subsidiarias– el que impulse una política que busca hacer frente a este desvelo nacional.
Emilia García es Investigadora de IdeaPaís. Columna publicada en el Diario La Segunda, el 11 de octubre.