Se cerró otra semana y aún no hay acuerdo sobre el mecanismo para redactar una nueva constitución. A pesar de ello, es necesario llamar a la calma a aquellos que etiquetan apresuradamente el proceso postplebiscito como fallido, como otro circo inútil o apelativos similares.
El asunto es complejo por diversos factores. Primero, es lógico que no queremos repetir la fórmula de la Convención Constitucional que terminó con un texto ampliamente rechazado. Segundo, aunque la mayoría del país quiere que el problema constitucional concluya de manera adecuada y transversal, el foco se ha movido: la identificación de la ciudadanía con la necesidad de crear una nueva constitución es bastante menos intensa, sobre todo cuando ella parece oponerse a dar atención a las prioridades ciudadanas. Por último, el ambiente político altamente fragmentado que tenemos hoy hace mucho menos probable alcanzar acuerdos amplios y miradas de largo plazo, ingredientes claves para la elaboración de una constitución sana y duradera.
Aunque el surgimiento de diversas alternativas da cuenta de la voluntad de búsqueda de caminos para llegar a un acuerdo, es crucial que las propuestas no sean tomadas como dogmas por sus promotores. En esa línea, es fundamental no entramparse en discusiones como el número de redactores —como parece ser el caso— sino buscar soluciones intermedias funcionales al fondo de las discusiones. En este caso, la importancia del número de redactores radica en lograr el equilibrio entre representatividad ciudadana y la posibilidad de generar consensos. Así como la propuesta del oficialismo pone en riesgo lo segundo, el número de Chile Vamos podría empañar lo primero.
Con todo, el acuerdo es relevante no solo por su capacidad de concluir el problema constitucional, sino porque él puede servir como puntapié inicial para una discusión más amplia y profunda —posterior a la discusión constitucional— respecto del país que queremos construir. El acuerdo será un precedente y un adelanto de lo que ocurrirá después. Por lo tanto, no da lo mismo su contenido. En este sentido, una discusión amplia será imposible si obviamos que personas con competencias adecuadas participen del proceso, si descuidamos que las fuerzas políticas actúen en un marco equilibrado, o si no propiciamos que los independientes participen del proceso dentro de los partidos políticos, y no al margen de ellos. El acuerdo debe pensarse en cómo resguardar estos asuntos, más que en términos de cuántos redactores habrá.
Sin perder el sentido de urgencia y de los plazos que corren, no podemos arriesgar un buen acuerdo en nombre de la celeridad. Nuestra experiencia reciente debe ayudarnos para comprender las dimensiones de la oportunidad que tenemos en juego.
Cristian Stewart, Director Ejecutivo de IdeaPaís, publicada por Diario La Segunda en la edición del 24 de noviembre de 2022