En respuesta a mi columna del pasado jueves, Arturo Squella sostiene que avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho supone un retroceso para el país. En sus palabras, esto implicaría el símil de un Estado omnipresente que restringe las libertades y derechos de la sociedad civil. Frente a tal aseveración, vale la pena hacer algunas aclaraciones.
Lo primero, Squella confunde lo que es un Estado Social con un Estado Omnipresente. Como he argumentado antes, el Estado Social y Democrático de Derecho supone una comprensión más robusta del Estado, tanto en la provisión de bienes materiales como de servicios. Pero también, en el resguardo de los derechos fundamentales y de las libertades básicas. Tanto en Alemania, como en el resto de los países donde el modelo ha funcionado con mayor éxito, la cláusula de Estado Social se ha entendido como la corresponsabilidad del Estado y los particulares para establecer condiciones para una vida digna. Es decir, no es cierto que vaya en desmedro de la libertad y “autonomía” de las personas o grupos intermedios. Todo lo contrario, ambos elementos son condición necesaria para su funcionamiento. En este sentido, avanzar hacia un Estado Social y Democrático es una oportunidad para fortalecer la colaboración público-privada en especial cuando se trata de la provisión de derechos, promover la libre asociación de la sociedad civil y la relevancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
Lo segundo, sobre el caso de la educación, comparto su crítica al estatismo con el que se la ha mirado en los últimos años (que, por cierto, se da bajo la Constitución vigente). Sin embargo, el Estado Social no busca agudizar este problema, sino ser un camino para resolverlo, dado que permite consagrar de forma explícita la colaboración público-privada para la provisión de este derecho, debiendo promover y respetar el desarrollo de diversos proyectos educativos, pues se comprende que el Estado Social y la subsidiariedad no son incompatibles. Ello no supone una total abstención del Estado; es muy necesario que el Estado actúe cuando hay deficiencias en el sistema, por ejemplo, frente a las escuelas que son insuficientes, para asegurar una enseñanza de calidad.
Por supuesto, la sola consagración de un Estado Social y Democrático de Derecho en ningún caso es una bala de plata ni está exento de riesgos. Por ello es relevante que se discutan sus implicancias. Después de todo, parece indiscutible que se está frente una ciudadanía que espera cambios, por lo mismo el ánimo que debiera imperar no es el de una defensa irrestricta del estatus quo, como hace el secretario general del Partido Republicano en su columna, sino la búsqueda de un nuevo pacto político y social que permita mejorar nuestras condiciones de vida.
Magdalena Vergara, directora de estudios de IdeaPaís, publicada por La Segunda en la edición del 24 de febrero de 2023
