La condonación del CAE ha sido la gran bandera de lucha de quienes hoy nos gobiernan. Bandera que ha estado presente desde que fueron dirigentes estudiantiles, en su paso por el Congreso y ahora en su programa de Gobierno. El problema es que el baño de realidad que ha golpeado al Presidente Boric y sus ministros al llegar a La Moneda, los ha llevado a abandonar la convicción sobre ciertas propuestas -al menos en la prioridad que merecen-, pues especialmente en la crisis económica que vivimos, un gasto de aproximadamente 10 mil millones de dólares que implicaría condonar el CAE, no parece fiscalmente responsable, menos si se trata de una política regresiva.
Es positivo, por tanto, que el Gobierno se manifieste firme frente a la resolución de acuerdo de un grupo de parlamentarios que busca presionar al Ejecutivo en la materia.
Sin embargo, el problema va más allá de la existencia o no de recursos para esta medida. Por lo mismo, la respuesta que diera el ministro Marcel, aludiendo al rechazo de la reforma tributaria, no hace más que seguir abordando el problema de una forma superficial.
La condonación del CAE -que de alguna manera no es sino otra cara de la gratuidad- lo que ha hecho es evitar la discusión de fondo, que tiene como contexto inicial el cómo definir un sistema sostenible en el tiempo que permita el acceso de los estudiantes y el financiamiento de la educación superior, permitiendo su desarrollo y fortalecimiento. Luego, surgen preguntas más específicas, como si es posible que dentro de este sistema las personas contribuyan al financiamiento de su propia educación y si es así, que sea mediante un endeudamiento.
La respuesta por supuesto que no puede ser simplista. Por ello no valen los reduccionismos para quienes plantean que permitir el autofinanciamiento equivale a dejar que las personas se rasquen con sus propias uñas, o que sea el bolsillo quien determine la posibilidad o no de sacar una carrera. Bajo una mirada donde todos debemos contribuir a la realización de nuestro propio derecho y el de los demás, considerando también a las futuras generaciones -por lo cual el factor de sostenibilidad se hace ineludible-, es perfectamente posible plantear alternativas de autofinanciamiento, en especial si el Estado no tiene los recursos para entregarnos a todos la educación que queremos.
Parte del problema de este reduccionismo, es que tanto la gratuidad universal como la condonación del CAE, se presentan como soluciones absolutas, sin permitir ninguna otra alternativa. Por ello la sola mención de una mejoría del CAE o su reemplazo por un nuevo sistema de créditos se hace imposible. Incluso si las mejoras o reformas que se buscan hacer tienen que ver con aspectos en lo que se encuentra cierto consenso, como es eliminar la intermediación de la banca -que hoy resulta un costo adicional significativo para el Estado- o mejorar la retribución del crédito para alivianar la carga del pago de las cuotas a los deudores, de manera que consideren de mejor forma los años de trabajo y los respectivos ingresos.
Convertir al financiamiento de la educación superior -la condonación del CAE y la gratuidad universal- en la eterna promesa incumplida, sólo reducirá la posibilidad de discutir seriamente la mejor forma de garantizar el acceso a la educación superior sin perjudicar su propio desarrollo.
Magdalena Vergara, directora de estudios IdeaPaís, publicado por diario El Líbero edición 05 de mayo 2023.