MINUTA DISCUSIÓN PREVISIONAL
“Riesgos asociados a un nuevo modelo de gobernanza en el mercado previsional”
1. Nueva institucionalidad
Actualmente las AFP tienen dos principales tareas: (i) la recaudación y pago de pensiones y (ii) la inversión de los fondos en el mercado de capitales. La institucionalidad propuesta por el ejecutivo plantea la separación de estas dos tareas mediante la creación de nuevos organismos. Por una parte, se crearía un Administrador Previsional Autónomo (APA), organismo estatal encargado de afiliar, recaudar y pagar las pensiones a las personas. En lo que respecta a la inversión de los fondos, convivirán, por un lado, Inversores de Pensiones Privados (IPP) y, por otro, un organismo estatal llamado Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA).
2. Monopolio estatal y competencia desigual
Con la reforma, todas las cuentas de los trabajadores serán administradas por el APA. Esta entidad será la única encargada de realizar esta tarea, desplazando a los actores privados que hoy cumplen este rol (AFP´s), y constituyéndose en un monopolio.
En cuanto a la inversión de los fondos, la reforma establece que, por default, todas las cotizaciones dirigidas a cuentas individuales (10,5%) serán administradas en primera instancia por el organismo estatal, es decir, el IPPA. Este organismo será también el único actor encargado de administrar el 6% adicional que irá al Fondo Integrado de Pensiones, donde se instalarán las cuentas nocionales.
Si bien se establecerá un plazo para que el afiliado, de estimarlo conveniente, pueda cambiarse de administrador (de uno público a uno privado), existe vasta evidencia que indica que las personas suelen tender al status quo, por lo que la participación de mercado del organismo estatal será considerablemente mayor.
3. Riesgos del nuevo modelo de gobernanza
Con la instalación de un monopolio estatal y la centralización de funciones, surgen una serie de riesgos que deben ser debidamente abordados en la discusión previsional.
En primer lugar, al transitar hacia un único administrador de cuentas (APA), pueden surgir riesgos de costos, logística y gestión. Si bien es cierto que al centralizar la administración de las cuentas podrían generarse economías de escala, no existe evidencia de que estas se reproduzcan al superar cierto umbral de afiliados[1]. Además, habría que asegurar que el nuevo administrador estatal cuente con las capacidades suficientes para atender a millones de afiliados y evitar un deterioro en el servicio.
En segundo lugar, al existir condiciones desiguales entre inversores privados (IPP) y el IPPA, podría generarse un desincentivo a la competencia y aparición de nuevos actores en el mercado. Ante la asignación de demanda inicial al ente estatal (IPPA) y la imposibilidad por parte de inversores privados de hacer publicidad, los incentivos para que las actuales administradoras de fondos (AFP) se transformen en inversores privados (IPP) podrían verse afectados, reduciendo el componente competitivo del mercado y debilitando el objetivo primordial de otorgar la mejor rentabilidad posible a los trabajadores.
Por último, al otorgar al Estado un rol protagónico en materia de inversión de recursos previsionales, surge también el riesgo de aparición de conflictos de interés y grupos denominados rent-seeking[2]. Estos grupos suelen ejercer presión para capturar parte de la inversión, lo que puede terminar por afectar las pensiones al desaprovechar mejores rentabilidades.
Sin duda, urge reformar nuestro sistema previsional y hallar mecanismos que ayuden a mejorar las bajas pensiones que perciben nuestros adultos mayores. Sin embargo, esto debe hacerse de manera responsable, evitando la creación de modelos de gobernanza que, más que solucionar necesidades, podrían terminar por obstaculizar el objetivo central de la reforma, que es mejorar las pensiones de chilenos y chilenas.
[1] CEP, 2023.
[2] Tullock, G. 2005.