Harto de qué hablar ha dejado la discusión respecto a reformar nuestro sistema de pensiones. Durante años, la inviabilidad política y técnica para alcanzar consensos ha generado un debate interminable. Sin embargo, hoy se vislumbra una oportunidad sin precedentes: un acuerdo con sustento técnico que podría, finalmente, traducirse en una mejora real de las pensiones actuales y futuras, además de contribuir al despegue de nuestra debilitada economía. Esta propuesta —que levanta la mesa técnica del Senado—, sin embargo, no ha estado exenta de críticas y detracciones. Me permitiré abordar las principales.
Una crítica que se le hace a la propuesta emanada de la mesa es la adopción de un “mecanismo de reparto” para subsanar inequidades del sistema. En concreto, se propone una compensación dirigida a mujeres para atenuar la brecha de expectativa de vida entre ambos sexos. Dicha compensación se financiaría mediante un aporte permanente de los cotizantes a un fondo solidario que luego corregirá dicha brecha de género. Con todo —y soslayando el mal empleado adjetivo “reparto”—, si bien no es la fórmula más óptima (podrían plantearse mecanismos intrageneracionales que no descuiden el ahorro de los trabajadores), se trata de un mecanismo acotado que genera un incentivo clave: promover la postergación de la jubilación femenina, al condicionar el monto del beneficio a la edad de retiro. Si la oposición, con audacia política, condicionara este mecanismo a la discusión sobre prolongar la vida laboral (como han planteado las representantes de ChileVamos en la mesa técnica), se abriría una ventana para resolver uno de los principales nudos del sistema de pensiones.
Otra crítica que se hace es la carga que podría significar la reforma sobre un mercado laboral en crisis. Sin embargo, quienes sostienen aprensiones como esta parecen desconocer los elementos estructurales que subyacen a dicha crisis: la creciente informalidad laboral y la precariedad del ahorro de las familias.
¿Cómo afecta esta reforma la informalidad laboral? Veamos. La propuesta introduce un mecanismo innovador: un préstamo por parte de los cotizantes al Estado para mejorar las pensiones actuales. Este mecanismo está lejos de castigar la formalidad laboral, muy por el contrario, la incentiva. El porcentaje de cotización —aún por definir— se abonaría de forma íntegra a las cuentas individuales de cada trabajador, quienes a su vez se convertirían en acreedores de un préstamo al Estado. Así, el mecanismo permitiría mejorar las pensiones de los actuales pensionados e incentivar a los trabajadores activos a cotizar más. ¿Cómo? Condicionando una transferencia estatal a los años de cotización de cada trabajador. Es decir, mientras más años cotice, mayor será el beneficio, con un tope mensual de 3 UF. Mecanismos como este no solo contribuyen a enfrentar la informalidad, sino que también fortalece la anticipación del Estado ante desafíos como el envejecimiento acelerado de la población.
Otro elemento urgente es el desahorro. Desde hace años que la capacidad de ahorro de las familias se encuentra comprometida y se vio agravada por la crisis económica derivada de la pandemia. Pero no sólo se trata de un problema doméstico: la tasa nacional de ahorro lleva una década debilitándose, afectando directamente la capacidad de crecimiento económico del país. Es de total urgencia fortalecer nuestro mercado de capitales, promoviendo el ahorro de las familias para su vejez y aumentando el flujo de capital para aumentar la inversión. Esto no sólo tendrá un impacto en los indicadores macroeconómicos, sino también beneficiará directamente a las familias que hoy necesitan un mayor crecimiento económico que les permita mejorar su calidad de vida.
Desechar un acuerdo razonable por quedarse en la pelea chica, pensando en lo subóptimo que serían algunos mecanismos —como pretenden algunos detractores— es no entender la premura del asunto. Perseverar en la lógica del “todo o nada” sólo nos condenará al inmovilismo y a la frustración ciudadana. Chile vive una verdadera crisis de desahorro, nuestra economía pide a gritos aumentar la inversión y el aumento de la informalidad deteriora el bienestar actual de las familias. Pero, sobre todo, hemos postergado por más de 15 años un acuerdo en esta materia que brinde mejores pensiones a nuestros adultos mayores, trabajadores activos y a quienes ingresarán al sistema. Hoy tenemos la oportunidad de dar cierre a una larga discusión de manera responsable y por la vía de los acuerdos. Es tiempo de avanzar.
Juan Pablo Lira es investigador de IdeaPaís. Columna publicada en El Dínamo, el 18 de diciembre.